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Universidades privadas rechazan entregar al Mineduc datos sobre sueldos de sus funcionarios

Universidades privadas rechazan entregar al Mineduc datos sobre sueldos de sus funcionarios

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Respaldado por la Ley de Presupuestos 2025, el requerimiento apuntaba a exigir mayor claridad en el destino de los fondos públicos entregados a instituciones de educación superior.

Universidades privadas rechazan entregar al Mineduc datos sobre sueldos de sus funcionarios
Lunes 25 de agosto de 2025 19:21
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Un nuevo foco de tensión se ha abierto entre el Ministerio de Educación y cinco universidades privadas, que se negaron a entregar la información solicitada sobre las remuneraciones de sus funcionarios, pese a que el requerimiento estaba respaldado por la Ley de Presupuestos 2025.

El oficio, enviado por la Subsecretaría de Educación Superior el 30 de julio, tenía como objetivo transparentar el uso de los recursos públicos por parte de las instituciones de educación superior. Según información oficial, la subsecretaría recibió 32 respuestas, pero no todas cumplieron con lo exigido.

La situación se divide en dos grupos: la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Mayor respondieron al oficio, pero omitieron la entrega de los datos solicitados. Mientras tanto, la Universidad Bolivariana, la Universidad de Aconcagua y la Universidad La República (la que recientemente fue declarada en quiebra) ni siquiera contestaron dentro del plazo.

Desde la Universidad Mayor, se argumentó que la glosa de la ley solo exige reportar sueldos que superen los $8 millones, condición que, según la institución, no se aplica a su estructura. Además, la universidad cuestionó si el ministerio tiene la facultad legal para solicitar este tipo de información personal, señalando que la obligación de reportar recae sobre el Mineduc y no sobre las instituciones.

Pese a la negativa, no se han anunciado sanciones para las universidades. No obstante, la Subsecretaría de Educación Superior confirmó que los nombres de las instituciones que no cumplieron serán incluidos en un informe que será presentado ante las comisiones de Presupuestos y Educación del Congreso Nacional, lo que genera inquietud en el Ejecutivo.

Este episodio reaviva el debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos en universidades privadas. La discusión se intensificó tras el caso de Marcela Cubillos en 2024, cuando se reveló que percibía un sueldo de $17 millones mensuales como docente en una institución que recibe fondos estatales.

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