La declaración emitida recordó que Chile está obligado por tratados internacionales y que “el respeto irrestricto a la dignidad humana debe ser garantizado por cualquier gobierno".
El planteamiento del candidato presidencial, José Antonio Kast, sobre revisar la situación penitenciaria de condenados por crímenes de lesa humanidad, generó una inmediata reacción desde el mundo de los derechos humanos.
En una declaración pública de siete puntos, un grupo de figuras históricas —entre ellas -Carmen Frei (exsenadora y hermana del expresidente Eduardo Frei), Alicia Lira, Nelson Caucoto, Francisco Ugás, María Paz Ortega Frei, Alonso Salinas y Luciano Fouillioux- sostienen que la propuesta implica “un doloroso retroceso” y un riesgo de “impunidad”.
La declaración recordó que Chile está obligado por tratados internacionales y que “el respeto irrestricto a la dignidad humana debe ser garantizado por cualquier gobierno. Por ello, liberar o indultar a violadores de derechos humanos sería una regresión grosera en la memoria histórica de nuestro país”.
Los firmantes acusaron además un intento de instrumentalizar las violaciones de derechos humanos con fines políticos: “Los derechos humanos son universales e irrenunciables, y jamás pueden ser usados o instrumentalizados como un botín político”.
Advirtieron que los crímenes de asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones forzadas ya fueron acreditados judicialmente, y que “tensionar a nuestra sociedad con la posibilidad de que se libere a delincuentes de delitos de lesa humanidad jamás traerá la paz”.
El texto reivindicó los pilares de la justicia transicional: “La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición son deberes del Estado”. Y cerró con un llamado ciudadano: “Reiteramos el llamado a todas y todos nuestros compatriotas a ser consecuentes con la defensa irrestricta de la democracia y los derechos humanos, rechazando cualquier intento de otorgar impunidad”.
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