La medida busca no solo sancionar los casos ya ocurridos, sino también fortalecer los sistemas de control y vigilancia para prevenir futuros actos de corrupción en el aparato estatal.
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En una acción calificada como inédita y de profundo alcance, la Contraloría General de la República ha lanzado una ofensiva masiva contra la corrupción, exigiendo a todas las entidades del Estado un informe exhaustivo y urgente sobre sus mecanismos de control.
La medida, que ha sido instruida a través de un oficio oficial, da un plazo perentorio de 10 días hábiles a ministerios y servicios públicos para que detallen los protocolos que tienen vigentes para combatir la corrupción.
El organismo fiscalizador, liderado por la contralora Dorothy Pérez, reconoció que el foco de esta orden no está solo en los hechos delictivos ya cometidos, sino en una pregunta fundamental para la probidad estatal: "¿Qué se ha hecho realmente para que no vuelvan a ocurrir?" La exigencia de rendición de cuentas busca ir más allá de la reacción ante los escándalos, impulsando una cultura de control y prevención en toda la administración pública para evitar nuevas crisis de confianza.
La orden solicita a cada institución detallar sus mecanismos preventivos, detectivos y correctivos, además de los procesos disciplinarios y sanciones que se han aplicado en estos y otros casos ya judicializados. Con esta acción, la Contraloría busca no solo sancionar, sino también sentar un precedente para que la transparencia y la probidad sean principios innegociables en todas las esferas del Estado.
Esta acción es una respuesta directa a una serie de graves hechos que han salido a la luz en los últimos meses en todo el país, como el de un funcionario en Chillán que traficaba drogas que debía incinerar, otro en Calama que cobraba por filtrar fiscalizaciones, y la detención de 13 funcionarios en Tarapacá por cobros irregulares a ciudadanos.
PURANOTICIA
