Dos informes de Contraloría dan cuanta de irregularidades administrativas, desórdenes financieros y uso indebido de fondos públicos por parte del Gobierno Regional Metropolitano.
visitas
El proceso de destitución del gobernador Claudio Orrego avanzó en el Tribunal Calificador de Elecciones, tras el requerimiento de consejeros regionales de Republicanos, UDI y RN. Con la prueba ya recibida, comenzó la revisión de testimonios de testigos de ambas partes.
De acuerdo con la información entregada por La Tercera, el día jueves fue la primera jornada destinada para dichos efectos, siendo el turno de la comparecencia de los testigos requeridos por la defensa de la autoridad regional, encabezada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz.
Ambos profesionales, vía un escrito ingresado el pasado viernes 5 de diciembre, pidieron al Tricel escuchar los testimonios de 14 personas, principalmente funcionarios del Gore Metropolitano.
Todos, de acuerdo con el procedimiento establecido, exponen ante la ministra Adelita Ravanales -sorteada para recibir la prueba testimonial- y responden al interrogatorio de los abogados de las partes. En representación de los consejeros regionales estuvo Máximo Pavez.
Entre quienes ya han compartido su declaración, según fuentes conocedoras del proceso, estuvo Manuel Gallardo, quien se desempeña como administrador regional. También comparecieron José Tomás Correa, abogado de DLA Piper; el abogado Jesús Elgueta Pérez; el jefe de comunicaciones del Gore, Iván Salinas, y Lorena Pohl, asesora del gobernador Orrego.
También fueron solicitados la abogada Nicole Villanueva, del Departamento Jurídico del Gore; Virginia Saavedra, jefa subrogante de la División de Administración y Finanzas; Juan Pablo Casorzo, gerente general de la Corporación Regional de Desarrollo; Gabriel Aldana, jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional; el analista Carlos González Olave; Jorge Núñez Silva, actual administrador municipal de Santiago; Luz Núñez Rivera, jefa Unidad de Control; el abogado Marcelo Segura e Israel Chamorro, jefe del Departamento Jurídico y Fiscalía.
Las exposiciones de los testigos de la parte acusadora, en tanto, quedaron programados para la jornada del jueves 18 de diciembre, dado que se alegó las dificultades para notificarlos de la manera correspondiente.
LA CAUSA
El proceso en contra de Orrego se inició en julio pasado, cuando un total de 16 consejeros ingresaron un requerimiento de 100 páginas donde advertían una serie de irregularidades.
Lo acusan de haber incurrido en “notable abandono de deberes” y una “contravención grave al principio de probidad administrativa” durante su gestión, configurando -según el texto- una “estrategia integral donde los recursos financieros y comunicacionales del Gobierno Regional fueron puestos al servicio de un interés electoral particular”.
La solicitud, patrocinada por los abogados Máximo Pavez, Emiliano García y Pablo Toloza, fue firmada por consejeros regionales de Chile Vamos y del Partido Republicano, entre ellos Álvaro Bellolio (UDI), Karin Luck (RN) y Felipe Serey (republicano).
Los firmantes sostienen que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sistemático: “Una práctica institucionalizada al margen de la legalidad, que socava la fe pública, atenta gravemente contra el patrimonio fiscal y configura las causales de remoción previstas en el ordenamiento jurídico”.
La acusación se basa principalmente en dos informes de la Contraloría. Por un lado, el informe final de auditoría N° 265/2024, de mayo pasado, y el informe final N° 873/2024, emitido en junio, que dan cuenta de irregularidades administrativas, desórdenes financieros y uso indebido de fondos públicos por parte del Gobierno Regional Metropolitano.
El requerimiento sostiene que “uno de los cargos más graves se refiere al desvío de recursos públicos desde sus fines institucionales hacia fines personales de campaña electoral”, específicamente mediante la contratación de un servicio de “coaching directivo” por $31.366.179 con la empresa Vera y Asociados S.A. El contrato fue suscrito por trato directo bajo la descripción de una asesoría sobre “líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”, pero según la Contraloría el contenido real fue político-electoral.
PURANOTICIA
