A pesar de los reveses judiciales, la Fiscalía mantiene la posibilidad de volver a presentar solicitudes ante el mismo Juzgado de Garantía, siempre que incorpore nuevos antecedentes que sustenten la petición.
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El fiscal de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos Briones, desplegó una ofensiva judicial para acceder a los movimientos bancarios de la Fundación ProCultura y de algunos de sus líderes, entre ellos la cofundadora Ilonka Csillag y el padre del exdirector ejecutivo, Alberto Larraín.
Se solicitó además el levantamiento del secreto bancario de dos empresas vinculadas: Turismo Esquerré Limitada y Consultora y Productora Esquerré Limitada, que habrían recibido transferencias por parte de ProCultura para ejecutar proyectos en la región del Biobío. En el caso de la Consultora, constan traspasos por $174 millones entre septiembre de 2022 y octubre de 2023.
“El levantamiento del secreto bancario es una diligencia crucial para obtener la trazabilidad completa del dinero, validar la efectiva prestación de los servicios facturados y establecer la concurrencia de eventuales ilícitos”, argumentó Ríos Briones en una de sus solicitudes.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó inicialmente las peticiones del fiscal, lo que motivó la presentación de recursos de apelación, desestimados por el mismo tribunal los días 13 y 14 de octubre.
Posteriormente, Ríos Briones recurrió a la Corte de Apelaciones de Antofagasta mediante acciones de hecho, buscando declarar ilegales las resoluciones que negaron sus apelaciones. Sin embargo, este martes, la Corte también rechazó ambos recursos.
El tribunal de alzada argumentó que, según el Código Procesal Penal, las resoluciones de los jueces de Garantía solo son apelables si ponen término al procedimiento, impiden su prosecución, lo suspenden por más de treinta días o si la ley lo dispone expresamente.
En este caso, “ninguno de esos presupuestos se cumplía”. Además, la Corte señaló que el Ministerio Público conserva “todas sus demás facultades investigativas, pudiendo reiterar la solicitud con nuevos antecedentes”.
En paralelo, el Juzgado de Garantía también denegó las nuevas solicitudes sobre las cuentas de las empresas mencionadas. La jueza Marisol Melgarejo indicó que el informe policial presentado por la fiscalía no contenía “como conclusión alguna afirmación categórica que dé cuenta que la empresa Turismo Esquerré haya participado en las simulaciones que afirmó el persecutor”.
Tampoco se desprendía de las declaraciones acompañadas una participación en triangulación de fondos públicos.
Por su parte, la jueza Sissi Bertoglio-Talap señaló que la petición mencionaba diferencias contables de la Fundación ProCultura, pero no establecía cómo estarían vinculadas con la Consultora y Productora Esquerré Limitada.
“Debiendo la medida solicitada ser racional, proporcional y subsidiaria a otras de las que no ha dado cuenta el persecutor, no se hace lugar a la solicitud de alzamiento del secreto bancario”, concluyó.
A pesar de los reveses judiciales, la Fiscalía mantiene la posibilidad de volver a presentar solicitudes ante el mismo Juzgado de Garantía, siempre que incorpore nuevos antecedentes que sustenten la petición.
PURANOTICIA
