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El proceso para destituir al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, ha encontrado sus primeras complicaciones legales. Un grupo de consejeros regionales de la UDI y el Partido Republicano presentó un recurso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acusándolo de "notable abandono de deberes y graves faltas a la probidad". Sin embargo, el tribunal aún no ha revisado el fondo de las acusaciones debido a una serie de errores en la presentación.
El requerimiento de más de 100 páginas denuncia que Orrego utilizó fondos públicos del Gobierno Regional para una campaña de reelección. Entre las pruebas se incluyen contratos directos no justificados y el uso de redes personales para la difusión de actividades oficiales.
En respuesta, el gobernador ha rechazado las acusaciones, afirmando que se trata de un "aprovechamiento político-electoral". Orrego declaró: “No voy a aceptar que se vulnere la voluntad popular de 2,5 millones de santiaguinos que me eligieron. Si quieren el cargo, que lo ganen en las urnas”.
La defensa del gobernador, liderada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, ha impugnado la solicitud, argumentando que presenta fallas de forma. Uno de los errores más recientes es una petición para corregir la identificación de un consejero firmante. La defensa de Orrego se opone a esta corrección, señalando que el abogado solicitante no está debidamente acreditado en la causa.
Anteriormente, los abogados de la autoridad ya habían impugnado el requerimiento original, sosteniendo que fue presentado por representantes que no tenían la autorización necesaria. Argumentan que la presentación de este tipo de solicitudes es una facultad personal e indelegable de los consejeros, por lo que los errores no pueden ser enmendados a posteriori.
El Tricel debe ahora resolver estos puntos preliminares. El pleno de cinco ministros decidirá la próxima semana si el proceso contra Orrego avanza o si queda en suspenso debido a estas deficiencias en la tramitación.
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