El magistrado Patricio Álvarez concluyó que los antecedentes expuestos por la Fiscalía no resultaban suficientes para decretar la medida cautelar más gravosa de prisión preventiva.
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Tras cuatro jornadas de formalización y extensos alegatos, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió rechazar la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público en contra de los principales imputados del denominado caso ProCultura.
El magistrado Patricio Álvarez concluyó que los antecedentes expuestos por la Fiscalía no resultaban suficientes para decretar la medida cautelar más gravosa, optando por imponer únicamente arraigo nacional.
La resolución benefició a Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno. En tanto, respecto de Gabriel Prado, el tribunal mantuvo el arresto domiciliario total que había sido decretado con anterioridad.
Uno de los momentos centrales de la audiencia fue el extenso alegato de la defensa de Alberto Larraín, encabezada por los abogados Cristián y Vicente Arias. Durante casi dos horas, los defensores cuestionaron la solidez de la investigación del Ministerio Público y solicitaron al tribunal descartar la prisión preventiva.
Ante el juez Álvarez, Cristián Arias sostuvo que la acusación carece de precisión jurídica y afirmó que existe una “imputación tan difusa que hace bastante evidente que a la base no es claro que se haya cometido un delito penal”. En esa línea, descartó la configuración de un fraude al Fisco y, respecto de los más de $1.600 millones que la Fiscalía asegura fueron defraudados al Gore Metropolitano, enfatizó que “lo que es claro es que el dinero no está en el bolsillo de Alberto Larraín”.
El abogado también buscó diferenciar a la fundación ProCultura de otros casos investigados en la arista Convenios, señalando que “tiene 15 años de trayectoria con decenas de proyectos con instituciones privadas y públicas que fueron adjudicados sin ningún inconveniente (...). Es completamente falso que ProCultura, y sobre todo Alberto Larraín, no tuviera la experiencia para tratar temas de salud mental”.
Por su parte, Vicente Arias destacó la conducta colaborativa del imputado durante los casi dos años de indagatoria: “Desde el primer momento ha colaborado en varias oportunidades y de varias formas diferentes”. Añadió que su representado “desde el 2023 no sale del país, precisamente por la investigación que se está llevando a cabo”.
En el cierre del alegato, la defensa sostuvo que mantener a Larraín privado de libertad sería “desproporcionado”, argumentando que “no es un peligro real para la sociedad” y que el arresto domiciliario total “es suficiente medida”.
Durante la audiencia, las defensas de los otros imputados también apuntaron a inconsistencias en los antecedentes presentados por la Fiscalía. Los abogados de María Constanza Gómez, Sebastián Soto y Alejandro Alegría, denunciaron que el Ministerio Público atribuyó erróneamente a su representada un audio fechado el 3 de febrero de 2022, que en realidad correspondería a María Teresa Abusleme.
A partir de ello, los defensores acusaron “ciertas irregularidades en la investigación” y sostuvieron que el caso evidencia “la falta de competencia del equipo de investigación (...) en cuanto a los antecedentes que se estiman para redactar la formalización”.
La defensa de Evelyn Magdaleno se sumó a los cuestionamientos, señalando que el audio citado por la Fiscalía ni siquiera corresponde al periodo en que se gestó el proyecto “Quédate”, sino a un contrato previo. Además, indicó que los chats utilizados para sustentar la prisión preventiva corresponden a coordinaciones realizadas durante 2021, antes del convenio investigado.
Según la abogada, estos antecedentes reflejan “una gigante confusión por parte de la Fiscalía”, lo que, a juicio de las defensas, impedía justificar una medida cautelar de máxima intensidad.
Pese a la resolución del tribunal, el fiscal Cristián Aguilar sostuvo durante las audiencias que los imputados habrían actuado de manera concertada para defraudar al Fisco. Según la Fiscalía, Larraín, Gómez, Abusleme y Magdaleno habrían operado en coordinación con el gobernador Claudio Orrego para que ProCultura se adjudicara un convenio por $1.683.788.000.
Para sustentar esa tesis, el persecutor citó un audio de febrero de 2022, en el que se escucha a Gómez señalar: “Alberto, hablé con la Evelyn, y… te mando un audio porque sé que vas manejando, espero que sea un poco más fácil. Y lo que vamos a hacer es que vamos a armar el perfil del Programa de Intergeneracionalidad igual como los otros perfiles de Cuidado y de Salud Mental y ella los va a licitar, entonces nosotros hacemos el diseño y ella después hace todo el proceso para licitarlo (...) y así todo es más transparente".
Asimismo, Aguilar expuso declaraciones de Marcial Marín, jefe del Departamento de Planificación Social y Estudios del Gore Metropolitano, quien afirmó: “La indicación me fue entregada directamente por mi jefatura, Evelyn Magdaleno. Ella me instruyó trabajar con la Fundación Procultura para el diseño de un Término de Referencia”.
Marín agregó que la utilización de la glosa presupuestaria cuestionada fue una decisión adoptada por instrucción superior y “fue parte de una estrategia general impulsada por la administración del Gobierno Regional”.
Con todo, el tribunal estimó que, en esta etapa procesal, los antecedentes no permitían acreditar de manera suficiente los delitos imputados ni justificar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, marcando así un revés para el Ministerio Público en una de las aristas más relevantes del caso Convenios.
PURANOTICIA
