La acción judicial se origina tras un hallazgo efectuado durante operativos de seguridad presidencial en 2024.
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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella presentada por la Municipalidad de Santiago por el ingreso y acopio de material incendiario al interior del Instituto Nacional durante el año 2024, dando inicio formal a una investigación penal que quedará en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
La acción judicial, ingresada por la Dirección Jurídica del municipio e impulsada por el alcalde Mario Desbordes, sostiene que diversos insumos —entre ellos bolsas diluyentes, telas y otros elementos comúnmente utilizados para la fabricación de artefactos incendiarios— habrían sido introducidos de manera clandestina al establecimiento educacional. Según los antecedentes expuestos, el ingreso se habría realizado utilizando los maleteros de vehículos pertenecientes a dos docentes del recinto.
El hallazgo de estos materiales se produjo en dependencias subterráneas del Instituto Nacional, durante los operativos de seguridad desarrollados por la avanzada presidencial en el contexto de la visita del Presidente Gabriel Boric, realizada en agosto del año pasado. Dicho descubrimiento activó las primeras alertas y dio origen a una serie de diligencias preliminares que derivaron, posteriormente, en la presentación de la querella.
En cuanto a la eventual participación de los docentes, el escrito judicial señala que los vehículos de una profesora de Filosofía y de un docente de Educación Física habrían sido utilizados el 9 de agosto de 2024, un día antes de la visita presidencial, para el ingreso de los materiales al establecimiento. Ambos son identificados en la acción legal con las iniciales F.L.G.A. y M.A.J.T., conforme a la normativa vigente.
Adicionalmente, la querella plantea la necesidad de esclarecer si la administración municipal encabezada en ese entonces por la exalcaldesa Irací Hassler incurrió en eventuales actos de encubrimiento o en una omisión de denuncia, al no informar oportunamente estos hechos al sostenedor municipal, pese a contar con antecedentes sobre la situación.
Con la admisión a trámite de la querella, el tribunal ordenó remitir todos los antecedentes al Ministerio Público, organismo que deberá determinar la existencia de delitos, establecer las responsabilidades penales y administrativas correspondientes y definir las diligencias investigativas que permitan esclarecer completamente los hechos.
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