El proyecto se revisó de acuerdo al informe de comisión mixta que superó las diferencias con el Senado en torno a varias materias esenciales del texto, el cual se aprobó por 107 votos a favor y tres abstenciones.
visitas
Con un amplio consenso político, se despachó desde la Sala de la Cámara de Diputados la que será la nueva Ley de Inteligencia del Estado, tras una tramitación de más de siete años.
El proyecto se revisó de acuerdo al informe de comisión mixta que superó las diferencias con el Senado en torno a varias materias esenciales del texto, el cual se aprobó por 107 votos a favor y tres abstenciones.
Conforme a lo definido en la mixta, esta ley tiene por objeto establecer y regular el Sistema de Inteligencia del Estado, su institucionalidad, forma de funcionamiento y control. Tendrá por objeto contribuir a la planificación y definición de acciones dirigidas a enfrentar los riesgos, amenazas y agresiones que afecten la seguridad de la Nación, el interés nacional y el orden constitucional.
Los integrantes del sistema no podrán realizar labores ni utilizar inteligencia o contrainteligencia para fines distintos a los establecidos en esta ley. Ejercerán sus funciones de manera oportuna, anticipando riesgos, amenazas y oportunidades, sujetándose a los mecanismos de control establecidos en esta ley.
Se suman como organismos colaboradores la Agencia Nacional de Ciberseguridad y Gendarmería. También, la Unidad de Análisis Financiero y los servicios de Aduanas y de Impuestos Internos. Igualmente, colaborará la Secretaría General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El texto, de igual modo, norma el accionar de las FF.AA. y de Orden en materia de inteligencia, incluyendo la definición de sus objetivos. En este contexto, se reafirma la dirección democrática a través de las directrices fijadas por los ministerios respectivos.
El proyecto considera un amplio marco normativo para regular los procedimientos de obtención de información, tanto regulares como especiales. Se definen los organismos obligados a entregarla y el tratamiento de datos personales y sensibles, así como el manejo de información secreta. Asimismo, se norman los procedimientos para las autorizaciones judiciales en este ámbito, junto con las sanciones para quienes vulneren los mecanismos o límites fijados.
Además, se especifican los instrumentos de planificación de la inteligencia. En este contexto, se especifican las funciones, componentes y operatividad de la ANI y se consigna el establecimiento de una Política Nacional de Inteligencia del Estado, así como de otros instrumentos institucionales (por ejemplo, un Plan de Desarrollo y un Consejo Interministerial).
El control externo corresponderá a la Contraloría General de la República, a los Tribunales de Justicia y a la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus respectivas competencias. Este control y las actuaciones, registros y documentos que emanen de él tendrán carácter secreto.
Por otra parte, se ordena a los comandantes en jefe del del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea elaborar e implementar un sistema de auditoría en cada institución. Su finalidad será registrar las declaraciones de patrimonio e intereses de los funcionarios que ellos determinen. Junto a esto, se definen normas de denuncia frente a irregularidades o delitos.
En la discusión participaron Andrés Jouannet, Miguel Mellado, Jorge Brito, Carlos Bianchi, Henry Leal, Stephan Schubert, Juan Carlos Beltrán, Luis Sánchez, Francisco Undurraga, Álvaro Carter, Chiara Barchiesi, Gustavo Benavente y Leonardo Soto. Por el Gobierno intervino el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
Hubo un amplio consenso en afirmar que esta ley es necesaria para el actual contexto que vive el país. Así, se valoraron las nuevas herramientas de investigación, coordinación y anticipación al actuar del crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.
De igual modo, se resaltaron las diversas medidas de control, previo y post tratamiento de la información. Asimismo, observaron como un hecho positivo, la inclusión de herramientas para evitar que las FFAA sean permeables al narcotráfico y al crimen organizado.
También hubo quienes criticaron la tardanza en la tramitación de esta propuesta, aunque destacaron que saldrá con un acuerdo sólido y transversal, con visión de Estado. Se estimó que será una ley positiva y llamaron a que su implementación sea rápida.
PURANOTICIA
