Esto luego de que Contraloria confirmara gestiones del entonces jefe de asesores del Ministerio de Salud, Manuel Nájera, para advertir al hospital del Salvador sobre la llegada de la madre de la exministra Ximena Aguilera, lo que derivó en una atención más expedita de lo habitual.
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Parlamentarios oficialistas estudian acciones políticas y judiciales luego de la Contraloría General de la República (CGR) confirmara gestiones del entonces jefe de asesores del Ministerio de Salud, Manuel Nájera, para advertir al hospital del Salvador sobre la llegada de la madre de la exministra Ximena Aguilera, lo que derivó en una atención más expedita de lo habitual.
El diputado Daniel Lilayu (UDI), quien ofició investigar a la CGR comentó que “ante la gravedad de lo constatado por la Contraloría, como bancada UDI estamos evaluando enviar antecedentes al Ministerio Público, para que se investigue la posible existencia de un tráfico de influencias a raíz de todos los llamados y gestiones que hubo por parte de un asesor del ministerio”.
En ese contexto, desde la UDI transmiten que, de momento, no avanzarían en una acusación constitucional hasta conocer los resultados de la investigación del Ministerio Público.
Lilayu advirtió, además, que “no vamos a dudar en ejercer todas las acciones que tengamos a nuestro alcance hasta que se esclarezcan completamente los hechos y se establezcan todas las responsabilidades que correspondan”.
Desde RN, en tanto, el diputado Andrés Celis, sostuvo que una de las herramientas que puedan activar es la acusación constitucional “porque la contralora señala que se transgrede el principio de probidad y la Constitución porque no cumple la igualdad ante la ley”.
Junto con ello, el parlamentario integrante de la comisión de Salud, agregó que otro camino es la querella por tráfico de influencias.
El legislador representante de Valparaíso agregó que recién por estos días se iniciaría una conversación entre las bancadas del oficialismo para afinar una ofensiva conjunta.
Por su parte, la diputada Macarena Santelices (republicana), integrante de la comisión de Salud, si bien aseguró que es un tema reciente para tener una definición concreta, agregó que “nosotros siempre estamos analizando todas las facultades fiscalizadoras que nos otorga la Constitución”.
La bancada del Partido Nacional Libertario, es una de las que más señales muestra de plegarse a un libelo acusatorio. Su titular, Cristóbal Urruticoechea, afirmó que “hay certeza que aquí se concurrió en un acto completamente anormal y que hubo un abuso de poder y de autoridad”.
Y agregó: “Ante cualquier situación como esta, lo normal es tomar toda la potestad legal que tiene la Cámara de Diputados para efectuar una acusación contra una autoridad que ha usado malamente su poder”.
Aunque reconoció que la acusación constitucional es un recurso de ultima ratio, agregó que “ante una situación como esta es muy difícil no tomar decisiones categóricas”.
Si bien Aguilera ya no ejerce como ministra de Estado, la Constitución le permite a los diputados presentar una acusación contra un exministro hasta tres meses después de haber dejado su cargo.
PURANOTICIA
