Tras la remoción de 11 magistrados por viajar al extranjero durante sus licencias médicas, las cortes de Santiago y San Miguel comenzaron a revisar cerca de 40 sumarios por visitas a casinos, mientras otros 15 tribunales de alzada del país deberán analizar casos similares.
Luego de la remoción de 11 jueces por viajar al extranjero con licencia médica, la Corte Suprema inició la revisión de los casos de magistrados que asistieron a casinos de juego en la misma situación.
La semana pasada comenzaron a verse en la Corte de Apelaciones de Santiago una veintena de sumarios por visitas a casinos y este miércoles se avanzó con otra veintena, según consigna El Mercurio. El lunes aconteció lo mismo en la Corte de San Miguel.
Estos dos tribunales de alzada y otros 15 deben confirmar o descartar las sanciones propuestas por los fiscales judiciales y definir si se abren formalmente cuadernos de remoción.
Además, según los antecedentes obtenidos, no hay ministros de la Corte Suprema involucrados y el número de jueces es mucho menor que los casos de licencias por viaje al extranjero.
Una vez que se revisen todos los sumarios, el Pleno del máximo tribunal deberá resolver si aplica el criterio de revisar todas las investigaciones a nivel nacional, hayan sido apeladas o no, con el fin de unificar directrices.
Las acciones de la Corte Suprema se basan en el artículo 80 de la Constitución, que establece que el máximo tribunal puede de oficio, a petición de parte o por requerimiento del Presidente de la República, declarar si un magistrado no ha tenido un comportamiento acorde a su cargo, lo que podría derivar en su destitución por mayoría. No obstante, dicha medida no es aplicable a los funcionarios del Poder Judicial.
La Ley de Casinos prohíbe realizar apuestas únicamente a los empleados públicos que manejan, custodian o administran fondos del Estado. Esto solo tocaría a jueces civiles y penales.
El proceso se originó el 11 de agosto del año pasado, cuando la Corte Suprema ordenó indagar de manera interna a jueces y funcionarios, tras conocerse el informe de la Contraloría que reveló que 13.286 empleados públicos –no judiciales– acudieron a casinos de juego con licencias médicas.
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