Tras el informe del ente contralor que acusó deficiencias al investigar casos de violencia escolar en establecimientos educacionales que presentaron una mayor cantidad de sanciones y denuncias por violencia escolar, la entidad aseguró que su enfoque busca evitar la sobrecarga administrativa en los recintos educativos.
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La Superintendencia de Educación respondió a la investigación de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó falta de fiscalización por parte de la institución en los establecimientos educacionales que presentaron una mayor cantidad de sanciones y denuncias por violencia escolar.
Específicamente, fue a través del informe N°660 de 2025 que la CGR verificó las acciones efectuadas tanto por la Subsecretaría de Educación como por la propia Superintendencia. El documento emanado por el organismo reveló una falta de fiscalización de esta última entidad, detallando que solo el 10% de las acusaciones terminó en una investigación por parte del servicio.
Frente a este escenario, la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, defendió el trabajo de la repartición. “Respecto a la supuesta falta de fiscalización en establecimientos con alto número de denuncias por convivencia, es necesario aclarar que esa acción sí se realiza en estos recintos y que nuestro servicio actúa constantemente en ellos”, aseveró la autoridad.
Para profundizar en la metodología de trabajo, la directiva explicó las razones detrás de los procedimientos. Según sus palabras, “el servicio desarrolla programas de fiscalización para aumentar nuestra cobertura. Pero en aquellos establecimientos que registran alta cantidad de denuncias, como los liceos emblemáticos, estos procedimientos se realizan a través de las mismas denuncias para evitar agobiar a los equipos directivos con duplicidad de fiscalizaciones”.
En esa misma línea, aclaró que los reportes vinculados a problemas de convivencia se abordan, en su gran mayoría, mediante la gestión colaborativa de conflictos. Por este motivo, puntualizó que “solo un porcentaje acotado de ellas pasa a fiscalización”.
Desde la institución estatal afirmaron que su política siempre apuntará a “priorizar la conciliación en materia de gestión de denuncias de convivencia escolar para apoyar a los establecimientos en la resolución interna de sus conflictos y con esto quitar sobrecarga administrativa y excesiva burocracia, consecuencia de una tramitación de una denuncia, evitando el exceso de fiscalización y un posible proceso sancionatorio por parte de esta Superintendencia”.
Finalmente, a modo de conclusión sobre su postura frente a los recintos escolares, desde el organismo sentenciaron: “Con lo anterior queremos dar una señal clara a las comunidades educativas, que nuestro foco está en acompañar en el cumplimiento de la normativa y no solo fiscalizar y sancionar”.
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