La autoridad dejó sin efecto las normativas sobre género y reglamentos internos dictadas al cierre de la gestión anterior, argumentando que eran "apresuradas" y que afectaban la autonomía de los colegios frente a la nueva Ley de Convivencia Escolar.
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A través de una reciente confirmación, la Superintendencia de Educación anunció la anulación de una serie de normativas dictadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Estos textos, revelados por El Mercurio y despachados durante la gestión de la exsuperintendenta Loreto Orellana, tenían como propósito normar las sanciones disciplinarias y los reglamentos internos de los recintos escolares. En su momento, parlamentarios, sostenedores y especialistas tildaron esta acción de “amarre ideológico”.
Dentro de los oficios más cuestionados destaca la circular N° 781, un documento de 69 páginas que repetía 76 veces el concepto de “género”. Dicha instrucción exigía que esta variable fuera considerada obligatoriamente en la creación y ejecución de los manuales internos, así como en “toda medida” que tuviera impacto sobre la comunidad escolar. Sumado a esto, el texto promovía la instauración de la “autonomía progresiva” para los estudiantes, condicionando decisiones como el uso obligatorio del uniforme escolar al visto bueno de la propia comunidad.
La entrega de estas directrices a los administradores de los colegios ocurrió a escaso tiempo de que se emitiera una resolución —que aún se mantiene vigente— mediante la cual se les prohibió expulsar a los estudiantes por morosidad en el pago de las mensualidades.
Frente a la revocación, el presidente de la Corporación de Colegios Particulares (Conacep), Hernán Herrera, valoró la determinación en diálogo con el matutino. “la decisión va en el sentido correcto. La educación no puede utilizarse como instrumento ideológico partidario. Las familias quieren para sus hijos educación de calidad y no de trincheras”, afirmó. Asimismo, el dirigente advirtió que la obligación de sumar estas disposiciones a los manuales de convivencia habría significado “una pérdida de la autonomía de los proyectos educativos”.
Desde la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), su timonel, Pedro Díaz, también reaccionó al anuncio: “aplaudimos la medida como algo que ayuda a la gestión y la autonomía de los colegios. No obstante, esperamos que también estos cambios en esta normativa no impliquen que retrocedamos en inclusión”.
En la misma línea, el vicepresidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS), Hernán Saldaña, argumentó a favor de la cancelación de los textos. “me parece muy pertinente que sean derogadas dado su contenido ideológico, lo extemporáneo de su publicación, en diciembre, a pocos días del inicio de las vacaciones del personal de los colegios. Además, la Ley de Convivencia Escolar recientemente publicada, así como el proyecto de ley de Escuelas Protegidas vienen a cubrir con mayor peso regulatorio gran parte de la problemática que incluían esas circulares”, detalló.
En el ámbito legislativo, el titular de la comisión de Educación de la Cámara Alta, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), aseveró que dejar sin efecto estos documentos “era parte de lo que habíamos solicitado (al Presidente), que además es algo lógico, puesto que este es uno de los problemas más grandes que hemos tenido en la educación en nuestro país en los últimos 20 años, tratar de imponer la ideología en los establecimientos educacionales”. Por su parte, la diputada Valentina Becerra (P. Republicano), quien integra la misma instancia pero en la Cámara Baja, respaldó esta postura añadiendo que “no podemos seguir asfixiando a los colegios con normativas que solo quitan tiempo al aprendizaje real”.
Para explicar los motivos detrás de la anulación, la superintendenta de Educación (s), Pamela Adriazola, precisó que las normativas “generaron inquietud en las comunidades educativas no solo por sus contenidos, sino que también por las fechas en que se metieron, apresuradas e inoportunas, sin contemplar que se estaba trabajando en el Congreso en una nueva ley de Convivencia Escolar”. A raíz de este escenario, la autoridad subrogante concluyó: “hemos decidido derogarlas, tras escuchar a expertos, directivos, sostenedores y especialmente a los docentes, para que no deban modificar en dos oportunidades sus reglamentos internos de convivencia”.
La titular del Ministerio de Educación, María Paz Arzola, también abordó la controversia, recordando que los recintos de enseñanza deben cumplir con 2.900 exigencias normativas. Al respecto, la secretaria de Estado enfatizó: “estamos muy comprometidos con liberar el tiempo y también dar los plazos apropiados para que los colegios puedan ajustarse y los equipos escolares puedan ajustarse a las normativas”.
Como contraparte, el diputado socialista y miembro de la comisión de Educación, Juan Santana, cuestionó la medida y defendió el espíritu de los textos anulados. “estas circulares impulsaban cambios en materias en las que el actual gobierno ha mostrado escasa convicción, eso es evidente, sin embargo, en un contexto marcado por la violencia y la profunda crisis de convivencia escolar que atraviesa el país, su implementación no puede seguir postergándose”, sentenció el parlamentario.
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