La entidad aclaró que el proceso de destitución de Carolina Vega no está cerrado y que el pago de remuneraciones responde al cumplimiento estricto de la legalidad vigente. Solo una vez finalizada la investigación sumaria se podrá llamar a concurso para el cargo de rectoría.
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Luego de que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, acusara que se le seguían abonando sus remuneraciones a Carolina Vega, exrectora del Instituto Nacional, a pesar de existir un proceso administrativo que determinó su destitución, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro salió al paso de estas declaraciones para entregar su versión de los hechos.
Mediante una declaración pública, la entidad educativa precisó las condiciones en las que se encontraba la situación de la profesional durante el traspaso del recinto por parte de la municipalidad, fechado para enero del 2026. En ese sentido, aclararon que "el proceso disciplinario al que se hace referencia no se encontraba cerrado, sino en etapa pendiente de notificación de su resolución final".
Asimismo, desde la institución recalcaron que es un requisito indispensable que este tipo de indagatorias internas finalicen por completo "para que las sanciones administrativas produzcan efectos".
Para justificar su proceder, argumentaron: "El SLEP Santiago Centro ha actuado estrictamente conforme al principio de legalidad que rige a la Administración del Estado, resguardando el debido proceso y los derechos funcionarios. Cualquier decisión distinta podría constituir una vulneración grave a la normativa administrativa vigente".
Sobre la controversia específica de los depósitos salariales, el servicio explicó que la obligación legal es conservar intactas las condiciones del contrato actual. Esto contempla continuar con el pago del sueldo de la trabajadora, dineros que, de acuerdo a lo señalado por la propia entidad, fueron cancelados por el municipio hasta el mes de diciembre.
Finalmente, el organismo adelantó los pasos a seguir una vez que concluya definitivamente la investigación sumaria, indicando que recién en ese momento se habilitará la opción de convocar a un concurso mediante el sistema de Alta Dirección Pública para proveer la vacante.
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