La defensa del ministro de la Corte Suprema sostiene que la acusación se basa en conjeturas y presiones mediáticas, y solicita la caducidad de parte de los cargos.
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La defensa del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, presentó su contestación formal a la acusación constitucional en su contra, rechazando de manera categórica los cargos y alegando falta de pruebas que lo vinculen a actos de corrupción. El escrito, de 46 páginas y remitido a la comisión revisora de la Cámara, sostiene que la acusación “no posee una sola prueba directa” y que gran parte de sus capítulos se basa en hechos “aparentados” extraídos de investigaciones dirigidas a terceros.
Según el documento, el libelo se apoya en conjeturas y no en hechos concretos, vulnerando el principio de responsabilidad “personalísima” que rige a los ministros de la Corte Suprema. La defensa subraya que decisiones cuestionadas, como aquellas relacionadas con el litigio entre Codelco y CBM, fueron adoptadas de forma colegiada, registradas formalmente y sin indicios de irregularidad.
El escrito también refuta supuestos conflictos de interés en el nombramiento de un notario, aclarando que dicho acto ocurrió antes de que Simpertigue ingresara a la Suprema. Asimismo, se desmiente que la designación interina dependa de los ministros del máximo tribunal, como sugiere la acusación.
Respecto al capítulo sobre Fundamenta, la defensa argumenta que se intenta imputar al ministro decisiones doctrinarias legítimas como si fueran irregularidades. El abogado Felipe Lizama denunció un presunto “prejuzgamiento” por parte de parlamentarios y cobertura mediática, generando presión indebida sobre el proceso legislativo y afectando la imparcialidad del análisis.
Lizama enfatizó que “cuando se persigue a un ministro de la Corte Suprema sin prueba directa, movidos por la presión mediática o política, se vulnera gravemente la independencia judicial”, y recalcó que la acusación constitucional debe emplearse como mecanismo excepcional, no como reacción a controversias públicas.
Finalmente, la defensa solicita a la comisión declararse la caducidad de parte de los cargos y advierte que muchos de los hechos fueron interpretados incorrectamente o extrapolados desde investigaciones penales sobre terceros.
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