Parlamentarias y parlamentarios prestaron apoyo hacia una funcionaria que presentó una denuncia contra su expareja, Erwin Valencia, quien es expresidente de la Asociación de Funcionarios del Senado.
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Mediante una carta, 29 senadores respaldaron a una trabajadora del Senado que denunció violencia intrafamiliar en contra del expresidente de la Asociación de Funcionarios del Senado, Erwin Valencia.
Según informó La Tercera, el episodio se tramita en tres causas distintas en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y derivó en un sumario por probidad administrativa contra Valencia, quien fue desvinculado el pasado 11 de abril pese a que contaría con fuero sindical.
El despido derivó en un reclamo de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), desde donde acusaron una “persecución de carácter gremial” y acusaron "un procedimiento arbitrario” por parte de la Secretaría de la Cámara Alta, respaldando una presentación ante Contraloría para revertir la sanción.
En ese contexto, 29 parlamentarios firmaron una carta donde declaran su total "apoyo y solidaridad con la funcionaria del Senado de la República, representada por la abogada Pamela Magdalena Cisternas Cortés”.
Los firmantes aseguran que “el Estado de Chile debe tener un rol activo a todo nivel para erradicar la violencia de género en nuestro país, en cumplimiento de los Tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que ha suscrito y ratificado, en específico la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención Belem do Pará”".
"Este instrumento asegura, entre otros, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado, garantía que los Estados Partes deben asegurar mediante la adopción de políticas de género orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y llevar a cabo una serie de acciones concretas, sin dilación”, añaden.
"En este contexto es que ninguna persona o funcionario(a) debiere ejercer violencia contra las mujeres ni estar exento de las consecuencias administrativas, judiciales y sociales que acarrea cometer actos de tal gravedad”, añaden.
En esa línea, aseveran que una "institución que legisla para el país (…) no puede cerrar los ojos y callar ante esta grave problemática que afecta a una funcionaria, aun cuando el denunciado en cuestión haya sido un dirigente gremial de funcionarios(as)”.
“Reiteramos nuestra absoluta solidaridad y apoyo a la funcionaria que ha atravesado por esta condenable situación de violencia y el proceso de re-victimización que ha experimentado”, finaliza la misiva.
El texto fue firmado por las senadoras Claudia Pascual (PC), Isabel Allende (PS), Loreto Carvajal (PPD), Ximena Rincón (DC), Carmen Gloria Aravena (IND-RN), María José Gatica (RN), Alejandra Sepúlveda (FREVS), Yasna Provoste (DC), Fabiola Campillai (IND), Paulina Núñez (RN) y Ximena Órdenes (IND-PPD).
Asimismo, también fue suscrito por sus pares Daniel Núñez (PC), Juan Ignacio Latorre (RD), José Miguel Insulza (PS), Esteban Velásquez (FREVS), Matías Walker (DC), Alfonso de Urresti (PS), Sebastián Keitel (Evópoli), Gastón Saavedra (PS), Juan Castro (indep-RN), Rafael Prohens (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Sergio Gahona (UDI), José Miguel Durana (UDI), Gustavo Sanhueza (UDI), Jaime Quintana (PPD), Jorge Soria (indep.-PPD), David Sandoval (UDI) y Juan Antonio Coloma (UDI).
No suscribieron a la misiva los senadores Álvaro Elizalde (PS) y Luz Ebensperger (UDI), presidente y vicepresidenta de la Corporación, por "prudencia institucional".
PURANOTICIA
