
El parlamentario manifestó su profunda preocupación por el impacto que está teniendo el alza en los avalúos fiscales de bienes raíces a nivel nacional, y particularmente en su región.
En el marco de la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, que recibió al director del Servicio de Impuestos Internos (SII) para abordar el mecanismo de cálculo de las contribuciones, el senador por La Araucanía, José García Ruminot (RN), manifestó su profunda preocupación por el impacto que está teniendo el alza en los avalúos fiscales de bienes raíces a nivel nacional, y particularmente en su región.
“El aumento de los avalúos es un problema que se está viendo en todo el país. Pero más grave aún es que, en muchos casos, estos avalúos superan el valor comercial real de los terrenos. Si eso ocurre, el SII debe corregir los valores y ajustar las contribuciones, porque lo que no puede pasar es que un impuesto creado para financiar a los municipios se transforme en un impuesto de tipo expropiatorio”, afirmó.
El parlamentario fue enfático en poner sobre la mesa la realidad de los pequeños y medianos agricultores de las zonas rurales más afectadas por el conflicto en La Araucanía, donde —según explicó— se da una situación especial: el único comprador de tierras es el Estado, a través de la Conadi.
“Cuando la Conadi compra un predio, el SII registra ese precio y lo incorpora al sistema de avalúos, lo que termina elevando el valor de todos los terrenos cercanos. Esto ocurre aunque muchos de esos predios están amenazados, son inseguros y no se pueden explotar productivamente. A pesar de eso, sus contribuciones suben año a año como si se tratara de propiedades de alta plusvalía, cuando en realidad están perdiendo valor y funcionalidad”, explicó.
García Ruminot pidió al SII actuar con sentido de realidad y urgencia ante esta distorsión del sistema.
“Espero que el Servicio de Impuestos Internos corrija estas injusticias, no solo en La Araucanía sino también en otras zonas rurales del país donde el sistema de avalúos está desalineado con la realidad económica y social del territorio. No es justo seguir castigando a quienes ya enfrentan dificultades para trabajar sus tierras y vivir con tranquilidad”, concluyó.
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