El legislador del PS calificó el hecho como un problema sistémico, señalando que “esta es la punta del iceberg.
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El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, analizó el informe de Contraloría que reveló que 25.078 funcionarios públicos viajaron fuera de Chile durante licencias médicas entre 2023 y 2024.
El parlamentario fue categórico al calificar el hecho como una "gran estafa al Estado chileno". “Funcionarios públicos que defrauden al sistema público, Fonasa, al Estado, aparece como una doble falta que es agravante de este eventual delito que se está provocando”, dijo en conversación con radio Cooperativa.
El legislador calificó el hecho como un problema sistémico, señalando que “esta es la punta del iceberg. Esto viene de una cultura, desde hace mucho rato, de gente que ‘tira una licencia médica’ como simplemente una transacción para comprar una licencia sin diagnóstico médico y tomarse días de vacaciones, como probablemente muchos de estos 25.000, buscar trabajo mientras están en una pega, poder hacer arreglos en la casa”.
“Imagínese si nos ponemos a mirar todos los que defraudaron al Fisco, pero no salieron de Chile... ¡Caramba! Ahí sí que podríamos llegar a cifras de cinco o seis dígitos”, mencionó.
“Actualmente hay 60.000 médicos aproximadamente que están emitiendo licencias y están habilitados para trabajar en Chile. Los grandes emisores son casi 300 que emiten más de 1.600 licencias médicas al año, mientras que el promedio, donde está prácticamente el 95% de los médicos, está en menos de 500 licencias al año”, explicó.
“De esos 300 médicos el 45% son chilenos, el 54% son extranjeros y los extranjeros son, en primer lugar, de Colombia y, luego, de Ecuador y Venezuela”, detalló.
“Las grandes licencias son casi el 58% de salud mental y el perfil del gran emisor de licencia -estoy hablando de los médicos- son generalmente médicos extranjeros, sin especialidad, y son de licencias abocadas a salud mental”, añadió el legislador.
Castro subrayó la necesidad de sancionar a los responsables mediante sumarios administrativos y la restitución de fondos.
Respecto al Comité Nacional de Ausentismo, promovido por el Ministerio de Hacienda para abordar el uso indebido de este beneficio en la administración pública, valoró la reacción del Ejecutivo, aunque señaló que no responde a un vacío existente.
“Hoy día, la norma es muy taxativa y por eso la Contraloría ofició a 787 reparticiones del país, donde están esas 25.000 personas. con nombre, con RUT y con todos los detalles, que salieron del país estando con licencia”, relató el senador.
“El exigir las sanciones a los funcionarios públicos que tuvieron esta mala práctica, esta defraudación al Fisco, es una tarea que existe y está en manos de los jefes superiores de cada servicio público: municipio, gobernación, de donde vengan estos funcionarios públicos”, complementó.
“Yo no sé exactamente cómo van a operar todos estos servicios que están involucrados, pero lo que no debiera pasar es que haya indulgencia; o sea, que esto pase al olvido, que los sumarios sean eternos y que esto termine en una amnesia colectiva de todo. Eso no puede pasar a esta altura”, finalizó el senador.
PURANOTICIA
