La iniciativa apunta a sustituir al cuestionado Servicio Nacional de Menores (Sename) en lo relativo a menores infractores de la ley. Debido a la votación de la Cámara Alta, ahora será discutida en una comisión mixta.
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Con 18 votos a favor y 17 en contra, el Senado respaldó el informe de la Comisión de Constitución que rechazó todos los cambios que le hizo la Cámara de Diputados al proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
La iniciativa apunta a sustituir al cuestionado Servicio Nacional de Menores (Sename) en lo relativo a menores infractores de la ley. Debido a la votación de la Cámara Alta, ahora será discutida en una comisión mixta.
La moción atraviesa su tercer trámite constitucional y fue ingresada en 2017 por la expresidenta Michelle Bachelet.
Antes de la sesión, el senador Pedro Araya (Independiente) advirtió que "reconociendo la urgencia de legislar, he tomado conocimiento de una serie de reparos por parte de trabajadores del Sename, de Ministros de la Corte y de la Fiscalía que sugieren rechazar las modificaciones de la Cámara con el objeto de resolverlas en la Mixta".
Mientras, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que la aprobación del proyecto "va a permitir poner término al Sename e iniciar una nueva etapa en el trato institucional, en este caso, de los infractores juveniles".
"El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil será especializado, de alto nivel técnico y profesional que va a permitir generar una institucionalidad distinta. Se establece, entre otras cosas, un sistema de administración especializado de jueces y fiscales”, destacó el secretario de Estado.
Según la propuesta, el nuevo organismo deberá “administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la ley 20.084, mediante el desarrollo del programa que ayuda al abandono de toda conducta delictiva y la integración social de los jóvenes sujetos de su atención y la implementación de políticas de carácter intersectorial en la materia”.
También deberá "garantizar, dentro del ámbito de su competencia, y conforme a sus atribuciones y medios, el pleno respeto de los derechos humanos de sus sujetos de atención, reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”.
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