Se rechazó el principio de proporcionalidad, que establecía que el grado de fuerza utilizado deberá ajustarse a la intensidad de la resistencia o agresión que enfrente el personal.
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El Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el proyecto que establece normas generales sobre las reglas del uso de la fuerza (RUF) para el personal de las fuerzas de orden y seguridad y de las Fuerzas armadas cuando son requeridas.
Este proyecto inició su despacho en la sesión del martes cuando se realizaron 24 votaciones y en la jornada de este miércoles se efectuaron otras 11, entre ellas, la indicación que buscaba reponer atribuciones de la justicia militar en la iniciativa, para las causas seguidas contra personal de fuerzas armadas y de orden. Finalmente, fue rechazada por falta de quorum.
Además, la Sala se pronunció sobre otros 10 temas, la mayoría de los cuales fueron aprobados en los mismos términos en que lo hicieron las comisiones unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública.
Así las cosas se ratificó la norma sobre resguardo de orden público o de seguridad pública interior o en la protección de recintos militares, que establece las 8 reglas de uso de la fuerza para el personal de las fuerzas armadas.
No obstante, se eliminó un inciso de la regla número cuatro que se refiere al uso de dispositivos que no sean armamento letal destinado al lanzamiento de proyectiles que contengan pintura, gas pimienta, lacrimógenos, agua u otros menos letales. El inciso eliminado señalaba que "debe evitarse apuntar y disparar armamento directamente al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona".
También se aprobó con modificaciones el inciso referido al uso de la fuerza para la protección de infraestructura crítica pudiendo hacer uso de la fuerza potencialmente letal cuando se tenga por objeto impedir daños graves e inminentes a la infraestructura crítica.
Además, se sometió a votación y se aprobó la norma relativa al eximente de responsabilidad penal para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública o de las fuerzas armadas que cumpliere las reglas de uso de la fuerza establecidas.
Del mismo modo, se aprobó una norma relativa a las medidas disciplinarias y sobre peritajes en procedimientos sobre uso de la fuerza policial o militar.
Uno de los temas más polémicos del despacho fue el rechazo del principio de proporcionalidad, que establecía que "el grado de fuerza utilizado deberá ajustarse a la intensidad de la resistencia o agresión que enfrente el personal. La proporcionalidad no exige igualdad en los medios empleados y, en cualquier caso, se deberá asegurar la superioridad del personal, resguardando su seguridad y la de terceros".
Además, se rechazó la redacción propuesta por las comisiones unidas respecto del principio de gradualidad en el uso de la fuerza y se mantuvo la norma sobre esa materia aprobada en general y que venía de la Cámara de Diputados. Asimismo, se aprobó reemplazar el término "etapas", por "grados" en lo relativo al uso de la fuerza.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador José Miguel Durana, destacó que "hemos rechazado el principio de proporcionalidad y hemos mantenido el requisito de racionalidad en el uso de las fuerzas. Además, rechazamos la propuesta del Ejecutivo que quería generar grupos de especial protección. Va a permitirse el uso de las fuerzas letales para evitar daños graves e inminentes a la infraestructura crítica".
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que "yo rescataría que la matriz central del proyecto de reglas de uso de la Fuerza se mantiene en los propósitos compartidos, tanto por el gobierno y también por la oposición. Es cierto que tenemos discrepancias sobre algunos aspectos asociados a la aplicación de algunas reglas, pero los temas sustantivos, el proyecto tiene un amplio consenso".
Sobre los puntos divergentes, el ministro indicó que "tenemos discrepancias en torno a la aplicación de determinado tipo de principios, que son discusiones jurídicas bien técnicas. Mientras la oposición considera que es suficiente simplemente el principio de racionalidad, que es un poco el contexto para efecto del ejercicio de la regla de uso de la fuerza, el Ejecutivo considera que además es conveniente tener el principio de proporcionalidad que tiene que ver con la acción cuando se ejerce la fuerza".
Debido al rechazo de los principios de proporcionalidad y de gradualidad, los senadores Daniel Núñez (PC) y Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) esperan que el Gobierno presente un veto presidencial para reponer dichos puntos al término de la tramitación del proyecto, que podría llegar a comisión mixta.
"El rechazo de los principios de proporcionalidad y de gradualidad por la derecha deja sin coherencia las reglas del uso de la fuerza y provocarían un caos de aplicarse por las fuerzas armadas y policiales. Por tanto, me parece una opción viable que este proyecto de ley sea vetado por parte del Ejecutivo", señaló Núñez.
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