La Sala del Senado aprobó en particular el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, iniciativa conocida como “Escuelas Protegidas”, y lo despachó a tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberán revisarse las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.
Durante la discusión quedaron en evidencia las diferencias entre senadores y senadoras en torno a materias sensibles del proyecto, como el rol de las policías en los procedimientos de revisión de mochilas, la edad de los estudiantes que podrán ser sometidos a fiscalización, la objeción de conciencia de funcionarios encargados de ejecutar las revisiones y el acceso a la gratuidad en la educación superior para alumnos sancionados bajo esta normativa.
En ese contexto, la senadora Beatriz Sánchez (FA) realizó una reserva de constitucionalidad por considerar que la iniciativa vulnera el derecho a la vida privada y la libertad personal, argumentando además que las revisiones contravienen la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, se solicitó recalificar el quórum del artículo segundo —de mayoría simple a quórum calificado— debido a la injerencia de las normas en la vida privada de las personas. Tras el rechazo de esa solicitud, las senadoras Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PC) también realizaron reservas de constitucionalidad.
La iniciativa establece que, con el objetivo de resguardar la integridad física y psíquica de los integrantes de la comunidad educativa, los sostenedores podrán incorporar en los reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de los estudiantes —excluyendo sus vestimentas— para evitar el ingreso, uso, porte o posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a terceros o dañar la infraestructura de los establecimientos.
El texto aprobado señala que estas revisiones deberán realizarse evitando cualquier forma de contacto físico o exposición innecesaria de los involucrados y en lugares especialmente habilitados para ello. Además, se prohíbe expresamente exigir que un estudiante se desnude, así como efectuar revisiones corporales o de vestimenta.
La normativa también contempla que se podrá solicitar a los estudiantes mostrar o vaciar el contenido de sus bolsillos. En caso de encontrar elementos potencialmente peligrosos, el establecimiento deberá informar de inmediato a los padres y apoderados, además de dar aviso a Carabineros o a la Policía de Investigaciones.
Si el estudiante se niega a la revisión, el personal deberá contactar de forma inmediata a sus padres o apoderados para que, al menos uno de ellos, concurra al establecimiento y revise las pertenencias. Mientras tanto, el alumno deberá permanecer resguardado en un espacio distinto a la sala de clases.
En caso de que el padre, madre o apoderado llegue al recinto y el estudiante mantenga su negativa, el adulto deberá retirar las pertenencias del establecimiento y el sostenedor deberá informar a la Oficina Local de la Niñez.
Por otro lado, si el apoderado no concurre dentro de los plazos o condiciones establecidos en el reglamento interno, el sostenedor deberá comunicar los antecedentes a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones para solicitar su intervención.
El proyecto también establece que funcionarios de Carabineros y de la PDI podrán concurrir a los establecimientos educacionales —sin orden del fiscal y previa solicitud del personal del recinto— para efectuar registros de vestimentas y efectos personales cuando existan indicios de que un estudiante ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito.
Finalmente, la propuesta permite que los reglamentos internos contemplen prohibiciones respecto del uso de prendas o accesorios que impidan la identificación facial. Sin embargo, la medida no se aplicará cuando dichas vestimentas respondan a razones de salud, necesidades sensoriales o de regulación emocional, prácticas religiosas o culturales, expresión de identidad de género o condiciones climáticas, entre otras excepciones.
PURANOTICIA