Para regresar a sus funciones, el cabo atravesó durante dos meses por un proceso de rehabilitación administrativa y un curso de actualización en procedimientos policiales.
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El cabo Sebastián Zamora está en la etapa final para retornar a sus labores en Carabineros tras ser absuelto por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.
El uniformado fue acusado por la Fiscalía Centro Norte de haber empujado intencionalmente a un manifestante al río Mapocho en octubre de 2020.
Actualmente, está de vacaciones y se espera que retorne a la 40ª Comisaría de Control de Orden Público (COP) de Lo Espejo a principios de enero. Su entorno evalúa solicitar su traslado a Valparaíso, donde reside con su pareja e hija.
Para regresar a sus funciones, Zamora atravesó durante dos meses por un proceso de rehabilitación administrativa y un curso de actualización en procedimientos policiales.
Por ahora, el uniformado no puede referirse a su reingreso definitivo sin permisos superiores, pero ha tenido una buena acogida en su comisaría.
Michel Zamora, padre del cabo, expresó su felicidad por la reintegración de su hijo a la institución, destacando que fue absuelto y se convirtió en padre.
En la institución están conformes con la rapidez del proceso de reintegración y subrayan que la justicia demostró la inocencia de Zamora, reafirmando el compromiso de Carabineros con el derecho.
El abogado defensor Alejandro Peña, resaltó el espíritu de servicio del cabo quien, a pesar de la "persecución penal injusta", decidió volver a la institución para seguir sirviendo a Chile.
La Fiscalía Centro Norte sufrió un revés judicial el 5 de diciembre cuando el tribunal resolvió que el Ministerio Público y los querellantes deben pagar $40 millones en costas por el juicio.
Además, el tribunal ordenó que la Fiscalía pague $25 millones y los querellantes otros $15 millones, considerando la complejidad del juicio.
Sin embargo, tanto la Fiscalía como los querellantes apelaron la decisión. La defensa de Zamora también apeló, argumentando que el tribunal omitió las costas personales derivadas de tres años de gestiones en el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones.
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