El proyecto incluye un alza de 3,4% gradual en dos períodos: un 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, “lo que equivale fiscalmente a un 2,8% promedio”.
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El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de reajuste al sector público, el cual incluye la norma para fundamentar los despidos de los trabajadores públicos a contrata.
La iniciativa señala que “la no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados”.
“La notificación íntegra y oportuna del acto, contempla la remisión a la Contraloría para su registro, y reconoce, para quienes cuenten con al menos dos años de servicios continuos a contrata, la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad ante la Contraloría General de la República, la que sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”, se indica.
Además, se propone “que el cese de funciones del personal a contrata que presta asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, Subsecretarios, Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales, Secretarios Regionales Ministeriales y jefes superiores de los servicios, deberán presentar su renuncia voluntaria para hacerla efectiva, a más tardar, el 11 de marzo de 2026”.
“Si ello no ocurre, el cese se concretará mediante la petición de renuncia de la autoridad que efectuó la designación, produciéndose igualmente el término de sus funciones, por el solo ministerio de la ley, desde esa fecha”, se plantea.
Asimismo, se aclara que “la iniciativa no será aplicable a los altos directivos públicos y su personal asesor, cuyo cese de funciones se materializará de acuerdo a las normas que regulan el Sistema de Alta Dirección Pública o aquellas a las cuales se encuentren afectos, según corresponda. Tampoco regirá para el personal que haya sido designado a contrata con anterioridad al 11 de marzo de 2022”.
Por otro lado, el proyecto incluye un alza de 3,4% gradual en dos períodos: un 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, “lo que equivale fiscalmente a un 2,8% promedio”.
“Logra equilibrar las demandas gremiales con la responsabilidad fiscal. En esta línea, se otorga un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos, reforzando el compromiso gubernamental con la justicia social y la priorización de los sectores más vulnerables”, se agrega.
De esta forma, el costo fiscal del proyecto es de US$1.775 millones en 2026; US$1.275 millones en 2027 y de US$1.270 millones en régimen.
PURANOTICIA
