Bancada de Renovación Nacional (RN) solicitó al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la designación de un persecutor con “dedicación exclusiva, preferente o regional” para encabezar la investigación.
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El millonario desorden financiero de $15,9 billones detectado por la Contraloría General de la República motivó a la bancada de Renovación Nacional (RN) a solicitar al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la designación de un persecutor con “dedicación exclusiva, preferente o regional” para encabezar la investigación.
El informe, difundido en la penúltima semana de 2025 por la contralora Dorothy Pérez, reveló graves falencias en el control presupuestario de 73 servicios públicos durante el quinquenio. Como consecuencia, el organismo se abstuvo de visar los estados financieros de cerca de 70 entidades y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Los parlamentarios detallaron que la revisión incluyó 50 entidades del Gobierno Central y 23 comunales, detectando una “falta de control presupuestario” que derivó en observaciones de alta gravedad. En su misiva, subrayaron que “los ministerios de Defensa y Vivienda concentran el mayor volumen de recursos objetados, junto a Cenabast, prestadores públicos de salud y organismos vinculados a la actividad económica”.
Para RN, “las inconsistencias podrían configurar delitos cometidos por funcionarios públicos, hechos de corrupción, afectaciones graves al patrimonio fiscal e incluso hipótesis de criminalidad organizada”. Por ello, advierten que “este episodio se suma a casos como el denominado caso Convenios, aún sin esclarecer tras casi tres años”.
La colectividad exige una indagatoria penal rigurosa. En la carta, los diputados recalcan la necesidad de una “investigación penal que permita esclarecer lo sucedido, perseguir a quienes resulten penalmente responsables y recuperar en la mayor medida posible los recursos mal empleados”.
Con ese objetivo, pidieron formalmente al Fiscal Nacional que, en uso de sus facultades, designe un fiscal exclusivo o regional para asumir la investigación, ejercer la acción penal pública y garantizar la protección de eventuales víctimas o testigos.
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