La abogada Carla Fernández, patrocinante del recurso, advirtió que la medida se impuso bajo pretexto de eficiencia energética, pero que los internos la asocian con el anuncio presidencial de convertir el penal en una cárcel “común”, lo que implicaría liberar espacio para nuevos reclusos.
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Un grupo de 134 internos de Punta Peuco, todos adultos mayores condenados por delitos de derechos humanos, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando que el retiro de sus refrigeradores personales -ordenado por Gendarmería- vulnera sus derechos fundamentales.
Los artefactos eran utilizados para conservar insumos médicos y alimentos especiales esenciales para su salud.
La abogada Carla Fernández, patrocinante del recurso, advirtió que la medida se impuso bajo pretexto de eficiencia energética, pero que los internos la asocian con el anuncio presidencial de convertir el penal en una cárcel “común”, lo que implicaría liberar espacio para nuevos reclusos.
El alcaide del penal, mayor Cristóbal Vargas, informó la medida el jueves 19 de junio y otorgó un plazo de siete días para el retiro de los equipos, permitiendo solo un refrigerador por cada cinco internos, según consigna radio Biobío.
El recurso enfatiza que los reclusos -con un promedio de edad cercano a los 80 años- padecen enfermedades crónicas y requieren refrigeración constante para almacenar insulina y productos nutricionales no cubiertos por la alimentación del recinto.
Según la defensa, eliminar estos equipos atenta contra la dignidad y salud de los internos, constituyendo un trato cruel e inhumano.
Además, el texto invoca estándares internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Mandela, y solicita una orden de no innovar, la mantención de los refrigeradores y una fiscalización del Ministerio Público.
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