La aplicación de la Ley 18.603 redujo de 19 a 11 las colectividades en la Cámara de Diputados, dejando fuera a ocho partidos y abriendo un escenario que el Gobierno busca profundizar con el proyecto de Álvaro Elizalde.
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El panorama legislativo para el ciclo 2026-2030 presentará una fisonomía significativamente distinta, marcada por una fuerte reducción en la atomización de fuerzas. Sin mediar una nueva ley, el número de colectividades con presencia en la Cámara de Diputados disminuyó de 19 a solo 11, un cambio que, según proyecciones del oficialismo, podría facilitar la construcción de consensos en torno a las demandas sociales.
Este reordenamiento no fue producto de la reforma al sistema político que intentó impulsar el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, sino de la ejecución de la Ley 18.603. Dicha normativa orgánica constitucional establece que los partidos deben alcanzar al menos el 5% de los votos válidamente emitidos en la elección de diputados o asegurar un mínimo de cuatro parlamentarios para mantener su vigencia.
Bajo este escenario, el hemiciclo quedará conformado por el Partido Republicano, la UDI, el Frente Amplio, el PDG, Renovación Nacional, el Partido Socialista, el PC, el PPD, el PNL, la DC y los Liberales. En contraste, ocho agrupaciones perdieron su representación: el Partido Radical, Demócratas, Acción Humanista, el Partido Ecologista Verde (PEV), Amarillos, el Partido Social Cristiano, Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social (FREVS).
No obstante, la situación de Evópoli y la FREVS aún no es definitiva. Ambas colectividades presentaron reclamaciones ante el Tricel, por lo que la ratificación de su cancelación depende de la resolución que emita el Tribunal Electoral sobre sus respectivos casos.
La reducción de la fragmentación ocurre pese al estancamiento de las iniciativas legales que buscaban este mismo fin. El proyecto liderado por Elizalde antes de dejar su cargo —que pretendía endurecer los requisitos para formar partidos— quedó pausado en su tercer trámite constitucional. Críticos de esa propuesta señalaban que la medida beneficiaba desproporcionadamente a las colectividades de mayor tamaño. De igual forma, una moción transversal de senadores tampoco logró el respaldo necesario en la Cámara.
Pese a que la ley actual ya depuró el sistema, el Ejecutivo no descarta retomar la vía legislativa. Tras el receso regional, La Moneda evaluará reactivar alguna de las propuestas detenidas en la comisión de Gobierno. Trascendió que la prioridad sería el proyecto del exministro Elizalde, dado que cuenta con un avance mayor y generaría menos resistencia entre los incumbentes. Para ello, el Gobierno debería reponer la urgencia legislativa durante el mes de abril.
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