Torrealba es indagado por el presunto uso fraudulento de recursos fiscales destinado a los programas VitaSalud, VitaEmprende y VitaDeportes del Municipio.
visitas
Para las 9:00 horas, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, está fijada la formalización del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), por fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos, delitos por los que podría quedar en prisión preventiva.
La audiencia será encabezada por el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendariz; y el fiscal jefe de la Fiscalía local Santiago Centro, Francisco Jacir. La magistrada María Herrera estará a cargo de la audiencia.
También serán formalizados el ex jefe de Finanzas de las corporaciones «Vita», Domingo Prieto; la exdirectora (s) de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín; y los excontadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, quienes se autodenunciaron.
Un sexto formalizado será José Renato Sepúlveda, uno de los fundadores de RN y hombre de confianza del expresidente Sebastián Piñera, quien admitió ante la Fiscalía que una parte de los fondos investigados en Vitacura fueron utilizados en campañas de candidatos de Chile Vamos.
La audiencia estaba fijada para el 6 de junio, pero la jueza la reprogramó para este jueves 15, luego que la Fiscalía Centro Norte decidiera agregar el delito de lavado de activos a las imputaciones por fraude al fisco y asociación ilícita.
Torrealba es indagado por el presunto uso fraudulento de recursos fiscales destinado a los programas VitaSalud, VitaEmprende y VitaDeportes del Municipio. Según la Fiscalía, el ex Alcalde desvió dineros de estos programas para su beneficio personal y el pago de honorarios irregulares por servicios no prestados.
El caso se destapó en 2021 cuando asumió la nueva alcaldesa Camila Merino (Evópoli). El propio Domingo Prieto, en su declaración ante el Ministerio Público, le comentó al entonces jefe jurídico, Mauricio Irarrázaval, de las "diversas irregularidades que se venían cometiendo en el Municipio", donde "se entregaban sumas de dinero mensualmente al alcalde Torrealba ($5 millones), que se extraía desde «Vita Deportes»".
Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella en contra Torrealba, debido a que en el período comprendido entre 2016 y 2021, durante su gestión edilicia, se habrían emitido facturas y boletas de honorarios falsas o por servicios no prestados, por un monto superior a los $900 millones.
Si bien, la estimación preliminar del monto comprometido en el fraude se acerca a los $500 millones, el SII ha calculado el perjuicio tributario en $72.943.166, actualizados hasta abril de 2023. Además, se ha constatado que Raúl Torrealba recibió una devolución de $3.485.770 que deberá reintegrar.
La acción penal del SII fue presentada por delitos tributarios, luego de que el exjefe comunal entregara declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas. Torrealba debería reintegrar esos $72.943.186, los que actualizados al mes de abril de este año, y considerando la devolución tributaria que recibió en 2022, por $3.485.770, sumarían cerca de $76.429.000.
La querella del Servicio de Impuestos Internos asegura que desde las «Vita» se realizaban "retiros de dinero que se respaldaban con facturas exentas y boletas de honorarios falsas, ya que daban cuenta de servicios que no se prestaron efectivamente, egresos que eran recibidos por Domingo Prieto Urrejola, José Renato Sepúlveda y Antonia Larraín Prieto, para finalmente entregarlo a Raúl Torrealba".
En tanto, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, presentó una querella contra su antecesor y lo acusó de orquestar una asociación ilícita para robar cerca de $527 millones desde las arcas públicas del Municipio. Merino anunció que en la formalización sus abogados pedirán la prisión preventiva del ex Alcalde.
Finalmente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también se querelló contra Raúl Torrealba, José Renato Sepúlveda, Antonia Larraín, Domingo Prieto –estos tres pertenecían al círculo de confianza del ex Alcalde–, Augusto César Silva y Arnaldo Cañas. La acción judicial es por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y distracción indebida.
El tribunal debe definir si estas querellas se suman a la investigación que desarrolla la fiscalía o si siguen un trámite judicial paralelo.
PURANOTICIA
