El diputado Leonardo Soto considera que con el requerimiento, la CPC "está intentando bloquear una ley que lo único que hace es castigar con más severidad, con mejores penas, con penas de cárcel a los delincuentes económicos".
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La bancada de diputados y diputadas del Partido Socialista (PS) acudió al Tribunal Constitucional (TC) para entregar mayores argumentos respecto a la ley que busca sistematizar y penalizar los delitos económicos y ambientales.
Cabe señalar que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) acusó que existirían "vicios de inconstitucionalidad" en la iniciativa que fue despachada por el Congreso el pasado 16 de mayo.
El documento que entregaron los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube se estableció que "las herramientas penales usadas por parte del legislador en los preceptos del proyecto de ley no apuntan a considerar al derecho penal como último recurso (ultima ratio) ni tampoco a proteger el bien jurídico protegido del Orden Público Económico".
"Lo que hace este proyecto de ley es atentar contra el propio Orden Público y económico, al 'seleccionar' a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general", indicaron.
El diputado Leonardo Soto se refirió al requerimiento y sostuvo que "consideramos que la CPC que es el gremio que agrupa a los empresarios más grandes de Chile, está intentando bloquear una ley que lo único que hace es castigar con más severidad, con mejores penas, con penas de cárcel a los delincuentes económicos, a las personas que cometen crímenes, contra la economía, los mercados, contra el mercado bursátil y millones de consumidores".
"No tiene la razón el gremio empresarial cuando intenta de una u otra manera desvirtuar los antecedentes, incluso incurre en falsedades que han sido controvertidas en los medios de comunicación. Aquí se está estableciendo un estatuto especial para los delincuentes económicos en atención a que tienen características especiales y distintas y eso no es faltar a la igualdad ante la ley", añadió.
Por su parte, el jefe de bancada PS, Daniel Manouchehri, subrayó "cuando los empresarios se coluden para subir los precios de los remedios o los precios de la comida, lo que están haciendo es un portonazo a 17 millones de chilenos. No podemos permitir que este tipo de delitos que afectan a millones de personas terminen con clases de ética".
"La gente nos ha pedido a nosotros que legislemos para que estos graves delitos en contra de no queden impunes y terminen con pena de cárcel y eso es lo que justamente ha hecho esta ley y nosotros lo que esperamos es que acá se respete la voluntad soberana del pueblo de Chile expresada en el parlamento y además expresadas en un clamor nacional que es que estos delitos paguen con cárcel como se merecen", agregó el parlamentario.
El diputado Daniel Melo indicó que recurrieron al TC "porque queremos poner una muralla a los delitos de cuello y corbata. En materia ambiental, por ejemplo, proyectos como Pascualama que destruyeron la totalidad de los glaciares en la región de Atacama junto con todo lo que ocurrió hace años atrás, en Valdivia con la muerte de cientos de cisnes de cuello negro que son imágenes que no queremos ver más en nuestro país y que quedaron en la totalidad impunidad".
En tanto, la diputada Daniella Cicardini afirmó que "Chile necesita de mayor consenso en la lucha contra la delincuencia y la corrupción del tipo que sea, algunos empresarios hayan querido hacer este recurso en el Tribunal Constitucional y peor aun apelando una supuesta vulneración de igualdad ante la ley, por favor, ellos, un grupo privilegiado en nuestro país que cuando se condena reciben multas irrisorias y los mandan a clases de ética".
"El Partido Socialista va a tomar todas las acciones que sean necesarias para no mantener la impunidad y los delitos de cuello y corbata que tan mal le hacen a nuestro país", complementó la legisladora del PS.
(Imagen: @LeoSotoChile)
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