La Comisión de Educación vota este lunes la idea de legislar en medio de cuestionamientos por la urgencia del Gobierno y nudos críticos como la facultad de revisar mochilas y la pérdida de gratuidad para estudiantes condenados.
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La Comisión de Educación del Senado vivirá este lunes una jornada determinante para el avance del proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto en las comunidades escolares, popularmente conocido como "Escuelas Protegidas". La instancia, liderada por el senador Gustavo Sanhueza e integrada por Yasna Provoste, Vlado Milosevic, Rojo Edwards y Cristián Vial, espera votar este lunes en general la iniciativa, la cual cuenta con el carácter de discusión inmediata.
Pese a la presión del cronograma gubernamental, la sesión contempla una última ronda de audiencias con cinco actores sociales que solicitaron ser escuchados. Este punto ha sido foco de tensión, ya que los senadores Provoste y Milosevic han solicitado formalmente al Ejecutivo retirar la urgencia.
El argumento de los parlamentarios apunta a que la premura impide recoger adecuadamente las observaciones que, con seguridad, darán paso a diversas indicaciones. De mantenerse los plazos actuales, el debate de las enmiendas se realizaría el lunes 18 de mayo, con el objetivo de que la Sala despache la propuesta a su tercer trámite esa misma semana.
El proyecto llega al Senado precedido por un sólido respaldo en la Cámara de Diputados, donde el pasado 21 de abril fue aprobado por 103 votos a favor y 43 en contra. Sin embargo, su paso por la sala no estuvo exento de roces: tras 27 votaciones particulares, las diputadas Daniela Serrano (PC) y Emilia Schneider (FA), con el respaldo del PPD, presentaron reservas de constitucionalidad sobre varios artículos que consideran vulneratorios.
Uno de los puntos centrales de la controversia es la facultad otorgada a los sostenedores para incorporar en sus reglamentos la revisión de mochilas, bolsos y efectos personales de los estudiantes. Si bien el texto prohíbe tajantemente el desnudo o la revisión corporal, la medida busca frenar el ingreso de armas o elementos destinados a dañar la infraestructura.
En caso de hallazgos, el protocolo obliga a la comunicación inmediata a los apoderados y a las policías. Además, la norma exige que el personal autorizado para estas revisiones esté identificado y que, en casos de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), se cuente con el asesoramiento de profesionales del equipo PIE.
La propuesta también pone el foco en la convivencia escolar, tipificando como faltas graves los actos que tengan como consecuencia directa la interrupción total o parcial de las clases. Esta medida incluye amenazas realizadas por cualquier miembro de la comunidad educativa que alteren el desarrollo normal de la jornada académica, aunque se excluyen aquellos actos cometidos de manera involuntaria.
Finalmente, uno de los artículos más drásticos del proyecto establece una sanción de carácter económico y académico: aquellos estudiantes que sean condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o la propiedad (tanto pública como privada), quedarán inhabilitados para recibir el beneficio de la gratuidad en la educación superior por un periodo de cinco años.
Esta disposición promete ser uno de los ejes de mayor debate durante la discusión de indicaciones fijada para el próximo viernes 15 de mayo.
PURANOTICIA
