Según un análisis, el aumento del gasto se destinará principalmente al pago de deudas y compromisos pendientes, más que a nuevos beneficios.
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El presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) crecerá 13% en 2026, pero el aumento no se traduce en nuevos subsidios, sino en el pago de deudas y compromisos pendientes, según un análisis del investigador asociado de la Fundación Piensa y consultor en política y economía urbana, actualmente vinculado a la London School of Economics (LSE), Ignacio Aravena.
Según el estudio, publicado por el medio digital Ex Ante, el presupueto del Minvu se reorienta hacia dos objetivos: cerrar el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) y sanear pasivos financieros. El resultado, advierte Aravena, es una pérdida de dinamismo en la política habitacional y un escenario más estrecho para el próximo gobierno.
Además, los recursos se concentran de forma inédita en la Región Metropolitana (RM), en desmedro de la mayoría de las regiones.
Y pese al aumento del 13,1% en el gasto neto ministerial, los subsidios habitacionales proyectan una disminución del 15%, pasando de 196 mil a 166 mil unidades. En total, se eliminan 30 mil subsidios, equivalentes a un ahorro aproximado de 30 millones de UF. Los programas que se eliminan:
- DS-49, dirigido a familias bajo el 40% del Registro Social de Hogares, reducirá 25 mil subsidios de 50 mil a 25 mil.
- DS-19, de integración social, recortará 5 mil subsidios de 27 mil a 22 mil.
Lo llamativo -plantea Aravena- es que los presupuestos de estos programas suben: el DS-49 aumenta 25%, y el DS-19 sube 1%, pese a otorgar menos beneficios. Según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), ello responde a pagos de arrastre y deudas con constructoras y municipalidades, más que a nuevos proyectos.
DESIGUALDAD REGIONAL
Además, una de las mayores críticas que recibe el presupuesto 2026 es la desigualdad en la distribución de los recursos a nivel regional.
Si bien el presupuesto global crece en un 13%, la Región Metropolitana (RM) se lleva una porción desproporcionada de los recursos, con un incremento de 44,3% en comparación con el 5,3% promedio en las regiones.
Esta disparidad es aún más evidente en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), donde las regiones con menor avance en la implementación del plan, como la RM y Antofagasta, reciben recursos adicionales, mientras que otras regiones como Valparaíso y Coquimbo, con un bajo avance en el PEH, ven reducidos sus presupuestos.
El análisis de Aravena sugiere que el gobierno está priorizando el saneamiento fiscal y la culminación de obras en la RM, dejando de lado el desarrollo habitacional en otras regiones del país.
En lugar de distribuir los recursos de manera más equitativa, la estrategia parece orientada a corregir los déficits del Programa de Emergencia Habitacional en la RM, lo que podría tener consecuencias negativas para otras áreas del país, especialmente aquellas con altos costos de construcción y menor presencia de empresas constructoras dispuestas a desarrollar viviendas sociales.
El impacto de esta estrategia, según el experto, será especialmente significativo para el próximo gobierno, que enfrentará un presupuesto más acotado para la política habitacional, debido a los pagos de deudas y compromisos heredados.
PURANOTICIA
