Advierten que el encarecimiento de la vida —impulsado por el alza de combustibles— está golpeando a los hogares y demandan un reajuste que compense la pérdida real de ingresos antes del 1 de mayo.
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Con el propósito de analizar la merma en el poder adquisitivo de las familias trabajadoras y el constante incremento en el costo de la vida, integrantes de las comisiones de Trabajo del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados concretaron un encuentro con la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT). Durante la cita, se abordó el debate en torno al sueldo básico y las consecuencias de las últimas determinaciones adoptadas por el Ejecutivo.
La necesidad imperiosa de que el Ministerio del Trabajo fije la cita requerida por la multisindical para arrancar oficialmente las tratativas del reajuste del salario mínimo 2026 fue el foco principal de la mesa de trabajo. Esta instancia fue liderada por la directiva de la CUT, bajo la presidencia de José Manuel Díaz, quienes recordaron que la normativa debe estar promulgada para el próximo 1 de mayo.
El fin de herramientas de contención como el Mepco ha derivado en un severo incremento en el valor de las bencinas, alertaron desde la organización sindical. Este escenario, explicaron, golpea de lleno a toda la cadena productiva, encareciendo el transporte, alimentos, medicamentos, servicios básicos y bienes esenciales, lo que eleva el costo de vida general para la ciudadanía.
Frente a este panorama, el líder de la Central, José Manuel Díaz, recalcó que el actual proceso de negociación constituye una ventana social y política para que la administración central restituya una fracción de los ingresos reales que han perdido los hogares asalariados.
Las posturas de la multisindical también responden a los recientes dichos del titular del Ministerio del Trabajo, Tomás Rau. El secretario de Estado había manifestado una perspectiva orientada a contener el incremento salarial, vinculándolo al empleo y al crecimiento económico. Al respecto, el timonel de la CUT replicó que la entidad rechaza dicha mirada, argumentando que la prioridad debe situarse en la realidad tangible de las familias trabajadoras y en la merma constante de su poder de compra.
En esa línea, el dirigente sindical fue categórico: “No compartimos la visión que tiene el Gobierno ni específicamente el Ministerio del Trabajo cuando plantea una preocupación por el empleo y el crecimiento a razón de contener el salario mínimo. Nuestra preocupación está en las y los trabajadores, en sus ingresos y en la pérdida de poder adquisitivo que ahora afecta a toda la cadena salarial”.
Asimismo, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, añadió que “La negociación y el reajuste del salario mínimo es una oportunidad que tiene el Gobierno para entregarle a la ciudadanía la recuperación del poder adquisitivo que se ha visto mermado con el aumento de la gasolina y el encarecimiento general del costo de la vida”.
Desde el mundo legislativo, la diputada Gael Yeomans se sumó a la posición de la Central y criticó la ausencia de intercambio democrático por parte del Ejecutivo. “Si el ministerio no conversa con la CUT, que es la principal organización de trabajadores del país, está rompiendo una tradición de diálogo democrático fundamental para definir una materia tan sensible como el salario mínimo”, aseveró la parlamentaria.
A su turno, el diputado Luis Cuello alertó sobre un doble perjuicio que la administración estatal estaría imponiendo a los hogares. “Se castiga a las familias con el alza de los combustibles y, al mismo tiempo, se pretende contener el reajuste del salario mínimo solo al IPC. Eso significa en la práctica una rebaja del salario real”, sentenció el legislador.
Compartiendo este diagnóstico, el senador Daniel Núñez exigió al Ejecutivo atender a la multisindical con sentido de urgencia. “No se puede seguir postergando una reunión con los trabajadores mientras el costo de la vida sigue subiendo. El salario mínimo no puede quedar por debajo de la línea de la pobreza”, subrayó el representante de la Cámara Alta.
Las necesidades reales de las familias trabajadoras deben ser el eje central de este debate, insistió la CUT, tomando distancia de cualquier lógica de mera contención fiscal o pro empresarial. Por este motivo, recalcaron que el nuevo monto no solo debe contemplar la variación del IPC, sino que debe incluir una compensación efectiva frente al impacto que el alza de la gasolina genera sobre el conjunto de precios de la economía.
Para concluir, la Central reiteró su expectativa de recibir una pronta convocatoria del Ministerio del Trabajo. El objetivo es instalar una mesa de negociación seria, basada en un diálogo social efectivo, que garantice llegar al 1 de mayo con un reajuste promulgado que logre responder a la urgencia social que atraviesa el país.
PURANOTICIA
