La iniciativa busca dar certezas a más de 33 mil trabajadores y asegurar una transición ordenada del nuevo marco regulatorio, ampliando las fechas para trámites y planes exigidos.
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El Gobierno anunció la presentación de la Ley Corta de Seguridad Privada en Chile, medida que busca entregar estabilidad a la industria mediante la extensión de plazos clave en la normativa vigente.
Al dilatar estos periodos, el Ejecutivo pretende garantizar la continuidad operativa del sistema y otorgar certezas al rubro. De esta forma, se propicia que la implementación adecuada del nuevo marco regulatorio se desarrolle mediante una transición gradual, ordenada y que resulte operativamente viable.
En términos prácticos, la propuesta legislativa concede un margen temporal superior para que las entidades obligadas puedan presentar sus respectivos planes y estudios de seguridad. Asimismo, se prolongan los plazos exigidos para tramitar las autorizaciones correspondientes al personal que se desempeña en este ámbito.
El proyecto impulsado por el Gobierno impacta directamente en la tranquilidad laboral de más de 33 mil trabajadores del área, grupo de beneficiados que abarca a conserjes, nocheros-rondines, vigilantes privados y guardias de seguridad. Dado que sus habilitaciones vigentes caducan el próximo 28 de mayo de 2026, la nueva normativa les permitirá continuar ejerciendo sus funciones sin interrupciones durante el proceso de adecuación al sistema entrante.
Paralelamente, la Subsecretaría de Prevención del Delito se encuentra trabajando en modificaciones al reglamento actual para corregir aspectos técnicos previos y perfeccionar su contenido. Para llevar a cabo esta labor, se creó la Fuerza de Tarea de Modificaciones Normativas, una instancia técnica que congregó a gremios del sector y organismos públicos, la cual sesionó entre el 28 de abril y el 4 de mayo de 2026.
Durante dicho trabajo se recogieron diversas observaciones que servirán de base para elaborar las modificaciones reglamentarias pertinentes antes de su reingreso a Contraloría. En última instancia, estos ajustes persiguen fortalecer la coordinación entre las Fuerzas de Orden Público y la seguridad privada, estableciendo regulaciones que buscan ser claras para la industria y más eficaces para el Estado.
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