José Pérez calificó la propuesta como “una restricción fiscal que afectará directamente a los trabajadores y trabajadoras enfermos".
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El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, advirtió que el gremio no descarta una huelga general si el Gobierno no retira el proyecto de ley que modifica el sistema de licencias médicas.
En conversación con radio ADN, el dirigente calificó la propuesta como “una restricción fiscal que afectará directamente a los trabajadores y trabajadoras enfermos. Nosotros rechazamos categóricamente el mal uso de las licencias médicas. Eso es un delito. Pero lo que no aceptamos es que se castigue a quienes hacen uso correcto de este derecho laboral, como en el caso de los enfermos oncológicos”.
“Es muy importante aclarar que nosotros, como Anef, estamos disponibles para perfeccionar los mecanismos de control, pero no para que nos den un manotazo al salario”, afirmó.
“Lo que nos llama la atención de este proyecto de ley es cómo se perfecciona, se fortalecen los organismos estatales que ya existen. Me refiero a la Comisión de Medicina Preventiva y de Invalidez, la Superintendencia de Seguridad Social o Fonasa. A nosotros nos cuesta entender que estas modificaciones propuestas implican una reducción de costos del sistema privado de seguridad de salud, transformándose en un nuevo subsidio a las isapres”, dijo.
Pérez acusó falta de diálogo social y cuestionó que el Ejecutivo haya impulsado la iniciativa sin consultar a las organizaciones sindicales. “Esto es, más bien, una política de ahorro estatal, donde nos pegan en el bolsillo, no desde el punto de vista del buen uso de la licencia de ley, sino que a costa de lo que producen los trabajadores y trabajadoras”.
El presidente de la ANEF también manifestó preocupación por el impacto que tendría la reforma en la cobertura de las licencias: “Al final nos castiga nuestro ingreso”.
Además, el dirigente recordó que ya han establecido junto al gobierno un Comité Nacional de Ausentismo para abordar estas problemáticas de forma integral. “Obligamos a la autoridad de turno, a las organizaciones sindicales, a las áreas de gestión de desarrollo de las personas, al área de bienestar social, a integrarnos en un conjunto de tareas que tiene que ver con acompañar y detectar dónde están aquellos focos de posible abuso o también de personas que llevan más de dos o tres años en que no se presentan a su trabajo”.
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