La dirigente detalló las diversas dificultades con que se topan los médicos para subir informes a la plataforma del Compin, no saber si lo que han hecho es correcto y no tener la oportunidad de corregir si los documentos son rechazados.
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La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, afirmó este jueves que la dura fiscalización por parte del Minsal a la emisión de licencias médicas no ha frenado a los facultativos que se dedican a entregar permisos de forma antojadiza.
En entrevista con Radio Cooperativa, Arriagada explicó que “la fiscalización draconiana que están haciendo no ha logrado detener a estos grandes emisores, y han aumentado: hace un año eran siete, y hoy son 11. Y nosotros nos preguntamos: ¿Qué están haciendo para identificar a esos 11 que emiten más de 5.000 licencias? Y la respuesta de la autoridad es que no han hecho nada. Eso es lo que nos sorprende”.
“La autoridad parte de una premisa que no es real, porque el verdadero indicador importante es el número de licencias por cotizante, que luego de haber subido en la pandemia, ha bajado desde el 2023”, indicó.
“Cuando se mira solamente el gasto en licencias, la verdad es que no es un buen indicador, porque también está influido, por ejemplo, por las alzas del sueldo mínimo, por los mayores sueldos de las personas que están cotizando en Fonasa, en fin”, sostuvo la dirigente.
"Y cuando se habla de los grandes emisores -y esto está en el último informe de la Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez)- se trata de 11 personas que emiten más de 5.000 licencias. El resto de los médicos emiten menos de 200, y algunos emiten más de eso, que son algunas especialidades, como traumatología”, añadió.
“Hay como tres niveles: el 80% de los médicos da menos de 200 licencias al año. Hay un porcentaje que da más de 1.500, pero hay 11 emisores que dan más de 5.000, y eso efectivamente es fraudulento, porque no es normal dar como 80 licencias diarias. Sin embargo, un traumatólogo puede dar 1.000 licencias al año”, explicó.
“No nos negamos a la fiscalización: sabemos que el gasto por licencias es importante, no es el principal de Fonasa (Fondo Nacional de Salud) como se dice, que se lleva todos los puntos de la cotización, porque eso tampoco es cierto (...), pero que la fiscalización sea con criterios claros”, aclaró Arriagada.
“Los contralores médicos, muchas veces, no tienen la misma especialidad del doctor a quien le están negando la licencia. Hay criterios dispares en las Compines a nivel nacional: nos podemos comunicar con la Compin Metropolitana, y resulta que en la de Puerto Montt la manera de operar va a ser distinta”, sostuvo.
“Tenemos más de 300 casos de médicos que estamos defendiendo hoy por diferentes problemas con esta fiscalización, o por querellas de las isapres, entre ellos, algunos facultativos que se enteran tarde de que están siendo fiscalizados, a veces cuando ya viene la multa, o cuando están siendo suspendidos de dar licencias”, continuó.
“Eso vulnera nuestro derecho al trabajo, porque si no pueden emitir una licencia en su consulta o en un hospital, es como no poder dar una receta a la persona (...), eso entorpece la atención y nos afecta justo cuando, además, tenemos encima el foco de la productividad y el problema de las listas de espera. Y en una consulta privada, usted tiene que devolverle el bono al paciente, porque no se puede ir sin su reposo”, complementó la presidenta del Colmed.
“Los médicos deben subir una serie de informes -50 o más- a una página que no te dice si lo hiciste bien o no, y que cuando dice que los subiste mal, no te permite corregirlos. Y cuando estás siendo sancionado y multado, y vas a defenderte a la oficina de la Compin, la abren dos días durante dos horas. O sea, ni siquiera en el horario normal del sistema público”, criticó.
“Tuvimos una última reunión con la Compin hace dos días, y ellos saben que su página funciona mal. Se han comprometido a arreglarla de aquí a agosto, y lo que estamos pidiendo es que, si no hay una página y un soporte informático de este sistema de fiscalización (en el mentado plazo), la fiscalización tiene que detenerse por un tiempo, y tiene que haber una moratoria hasta que se den garantías de un debido proceso”, finalizó Anamaría Arriagada.
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