La acción fue interpuesta en nombre de los internos del recinto y acusa que el decreto presidencial firmado por Gabriel Boric es “ilegal y arbitrario”, vulnerando derechos constitucionales como la vida y la integridad física y psíquica.
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El abogado Raúl Meza, representante de la Fundación Verdad y Justicia, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el objetivo de impedir la conversión del penal Punta Peuco en una cárcel común.
La acción fue interpuesta en nombre de los internos del recinto y acusa que el decreto presidencial firmado por Gabriel Boric es “ilegal y arbitrario”, vulnerando derechos constitucionales como la vida y la integridad física y psíquica.
El documento sostiene que la eventual mezcla entre internos de Punta Peuco y reos comunes representa “una amenaza evidente y manifiesta” para los condenados actuales, quienes quedarían expuestos a “peleas, conflictos y riñas”, como ocurre en cárceles convencionales.
“La población de reos comunes que llegara al Penal de Punta Peuco serán jóvenes, violentos y refractarios, constituyéndose estos, en un riesgo inminente sobre la vida y la integridad física de los internos adultos mayores que cumplen condena en dicho penal”, señala el escrito, subrayando que “la segmentación es clave” para prevenir agresiones.
En un punto de prensa, Meza reforzó esta preocupación: “Sabemos la externalidad negativa que se provoca dentro de una cárcel. Tráfico, violencia, hurto, robo. ¿Eso queremos para Punta Peuco o eso es lo que quiere el Presidente Boric para Punta Peuco? Que lo diga abiertamente, que no tiene razones de carácter jurídico constitucional y que tiene razones de carácter político o de venganza política”.
El recurso cita instrumentos como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para argumentar que el Estado estaría incumpliendo su deber de protección hacia los adultos mayores privados de libertad.
“Queremos que los tratados de derechos humanos se apliquen en este caso, porque existe una convención interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores, suscrita en gobierno de Bachelet, donde establece expresamente que a los adultos mayores debe tratárseles con dignidad, especialmente a los privados de libertad”, señaló Meza.
Además, planteó una interrogante directa a las autoridades: “Entonces yo me pregunto, y le pregunto al señor Boric o el ministro de Justicia, ¿Se preguntaron si se puede hacer o pueden convivir reos ancianos y enfermos, y reos jóvenes y violentos?”.
Ante la posibilidad de que el recurso no prospere, Meza adelantó que espera revertir el decreto en un eventual nuevo Gobierno. “Hemos tenido contacto con al menos tres candidatos presidenciales, respecto a los cuales hubo un compromiso personal respecto a que esta decisión que la consideran arbitraria, extemporánea, como lo dijo el candidato Kast hace 24 horas, van a tomar una decisión para revertir”, afirmó.
El abogado agregó que “no solo estos tres candidatos han asumido un compromiso respecto a este decreto supremo para dejarlo sin efecto en un eventual Gobierno, sino que además, respecto de alguno de ellos, hay compromiso para indultos presidenciales. Y nosotros nos vamos a encargar de que ese compromiso se cumpla”.
Finalmente, defendió la legalidad de esa facultad: “Un presidente de la República tiene, de acuerdo a la Constitución, una facultad exclusiva y excluyente de orden constitucional. Y por lo tanto, si el Presidente en su momento estima que existen antecedentes suficientes para indultar a una persona condenada por causas de derecho humano, es absolutamente dentro del marco constitucional”, concluyó.
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