En el documento legal se indica que, el hecho de que la ministra Maisa Rojas no se haya inhabilitado configuraría un "acto ilegal y arbitrario" que "perturba el derecho de igualdad ante la ley" al no ser juzgado por comisiones especiales.
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A solo horas de que se decida aprobar o rechazar el proyecto minero y portuario Dominga nuevamente, fue interpuesto un recurso de protección contra la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, por no inhabilitarse en la votación.
Tal argumento es el que esgrime el abogado Marcelo Castillo, representando al buzo mariscador de Totoralillo, Jorge Antonio Cabrera Contreras. El jurista también es el representante de una serie de agrupaciones de pescadores que le solicitaron a la ministra inhabilitarse del proceso.
En el documento legal se indica que, el hecho de que la ministra Rojas no se haya inhabilitado configuraría un "acto ilegal y arbitrario" que "perturba el derecho de igualdad ante la ley" al no ser juzgado por comisiones especiales.
Por ello, el abogado solicitó que se ordene a la secretaria de Estado que abstenerse de "intervenir en cualquier asunto o decisión del Comité de Ministros relativa a las reclamaciones administrativas en el expediente Rol N° 25-2021; y/o adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados; con costas".
Como parte de los hechos que sustentarían el recurso legal, el abogado señala en el texto la solicitud presentada por su representado el 12 de enero, en la cual se pidió su inhabilitación, bajo su punto de vista, por existir un eventual conflicto de interés con la Fundación Oceana y las declaraciones emitidas en el pasado tanto por la ministra Rojas como por el presidente Boric contrarias al proyecto.
"Por lo que su intervención actual o futura, y su pronunciamiento sobre las reclamaciones administrativas pendientes ante el Comité de Ministros que preside, afectan los principios de probidad y deber de abstención, el principio de legalidad y el principio de imparcialidad, de conflictos de interés, así como el derecho a un racional, justo y debido procedimiento administrativo" señaló el texto.
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