Desde el oficialismo advierten conflictos de interés, mientras la oposición descarta irregularidades.
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Las declaraciones de la futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, sobre conversaciones previas con la exfiscal Trinidad Steinert antes de su nominación como ministra de Seguridad Pública generaron un intenso cruce de opiniones en el Congreso, especialmente entre integrantes de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, reabriendo el debate sobre la autonomía del Ministerio Público y eventuales conflictos de interés.
En entrevista con La Tercera, Sedini sostuvo que la designación de Steinert no fue improvisada y que existieron conversaciones previas de carácter profesional. “No fue una improvisación”, afirmó, señalando que “era una conversación que ya llevaba un buen tiempo”. Además, descartó cualquier conflicto de interés, asegurando que “no es que haya habido una agenda doble, para nada” y que “no hay ningún riesgo de la autonomía del Ministerio Público”.
Desde el oficialismo, las reacciones fueron críticas. El diputado socialista Raúl Leiva advirtió, en el mismo medio que “claramente es complejo esa ambivalencia y el no tener una absoluta separación entre una función política y de persecución penal desde un órgano autónomo constitucional”, agregando que “siempre existirán conflictos de interés, lo importante es cómo abordarlos y definirlos”.
En tanto, el diputado del PPD Jaime Araya fue más categórico y señaló que “si largo tiempo incluye conversaciones con el entonces candidato, entramos en un problema mayor”. A su juicio, existe un deber de transparencia respecto de “cuándo fue el primer contacto, quiénes fueron parte de las conversaciones y cómo se realizaron”, advirtiendo que si no se aclara la situación “van a generar la primera crisis institucional”. Además, sostuvo que el caso evidencia la necesidad de “una regulación constitucional más clara” y de una “modificación urgente”.
Desde la oposición, las críticas fueron descartadas. El diputado UDI Jorge Alessandri calificó los cuestionamientos como “totalmente ridículas y fuera de lugar”, señalando que “es natural que un buen fiscal pase a ministro” y que “la discusión del conflicto de interés es para con el mundo privado”. En esa línea, sostuvo que Steinert “no cambia de patrón, sigue trabajando para el mismo RUT, el Estado de Chile”, agregando que “sus intereses siguen siendo pillar a los narcos y al crimen organizado”.
Desde la UDI, el diputado Henry Leal apuntó al marco legal vigente para descartar irregularidades, afirmando que “las inhabilidades para formar parte de un gabinete están en la Constitución y en la ley, y no hay ninguna que impida a una fiscal ingresar a un gabinete”. Añadió que “el Estado de derecho se rige por normas, y las normas están establecidas”.
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