El documento que cuenta con la firma de Dorothy Pérez establece que la Contraloría se abstendrá de pronunciarse acerca de los reclamos por vulneración al principio de "confianza legítima" por parte de funcionarios públicos a contrata que pierden su empleo.
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La nueva contralora general de la República, Dorothy Pérez, dio el primer gran golpe de timón de su gestión en el ámbito de la protección laboral de los empleados públicos a contrata (plazo fijo de un año) y, en un polémico dictamen, estableció que la confianza legítima deberá ser resuelta por los tribunales de justicia y no por la Contraloría.
Durante su gestión, el ex contralor Jorge Bermúdez fortaleció ese derecho adquirido a través del tiempo. Esto es, si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, entonces podía tener la confianza legítima de que se le iba a volver a renovar y que sólo podía ser desvinculado a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo.
Sin embargo, Pérez emitió un dictamen que establece que, en adelante, la Contraloría se abstendrá de pronunciarse acerca de los reclamos por vulneración al principio de confianza legítima, por parte de funcionarios públicos a contrata que pierden su empleo.
Según los argumentos de la contralora, esta materia se ha ido judicializando y, al resolver los recursos de protección presentados por los empleados públicos desvinculados, la Corte Suprema cambió el criterio de Bermúdez de dos a cinco años para la confianza legítima.
Es decir, de acuerdo al nuevo criterio establecido por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país, el principio de confianza legítima opera después de cinco años para los empleados públicos a contrata, por lo cual si se les desvincula antes de ese período no se configura un actuar ilegal o arbitrario.
Concretamente, debido a este criterio de los tribunales, el dictamen establece que esta situación "impide a esta entidad fiscalizadora emitir pronunciamiento en aquellos casos en que se plantea un asunto de naturaleza litigiosa; corresponde que, en lo sucesivo, se abstenga de resolver sobre la apuntada materia".
Por lo mismo, con el dictamen de Pérez, estos trabajadores ya no podrán reclamar ante la Contraloría para exigir la confianza legítima, y deberán recurrir a las cortes de apelaciones respectivas mediante un recurso de protección.
PURANOTICIA
