El beneficio entrega $50 mil a jóvenes de 18 y 19 años del 40% más vulnerable del RSH, además de adultos mayores con PGU.
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La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, se refirió a la controversia por el Pase Cultural, luego de las críticas del diputado Evópoli Francisco Undurraga, futuro titular de la cartera, quien calificó el beneficio como un “abuso” y anunció que sería suspendido a partir del 11 de marzo, cuando asuma el nuevo gobierno de José Antonio Kast.
El debate se encendió tras un reportaje de T13, donde se expusieron denuncias por un eventual uso indebido del Pase Cultural, una política pública que entrega $50.000 a jóvenes de 18 y 19 años del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, además de adultos mayores beneficiarios de la PGU.
En entrevista con Cooperativa, Arredondo confirmó que el Ejecutivo ya activó medidas formales ante las sospechas, indicando que se ingresó una solicitud de investigación al Consejo de Defensa del Estado (CDE). “La mala utilización de los recursos públicos en ningún caso es algo que se debe avalar”, remarcó.
Pese a ello, la ministra defendió el sentido de la política cultural, destacando su alcance y utilidad social. Según explicó, al 2025 cerca de 100 mil personas lograron activar el beneficio, permitiendo ampliar el acceso a bienes culturales en distintos territorios del país.
Arredondo añadió que el Pase Cultural ha recogido testimonios de jóvenes que han usado los recursos para fines concretos, como la compra de materiales académicos. “Nos han entregado su testimonio y cómo les ha permitido (…) poder comprar, por ejemplo, los libros para la universidad”, sostuvo.
Además, explicó que esta política se construyó mediante un trabajo conjunto entre distintas instituciones del Estado, como BancoEstado, Hacienda, Desarrollo Social e Injuv, utilizando la infraestructura digital del Bolsillo Familiar Electrónico para canalizar el beneficio.
Finalmente, la ministra recalcó que el objetivo de la denuncia al CDE es establecer responsabilidades y aplicar sanciones si corresponde. Recordó que el reglamento señala que la mala utilización puede implicar devolver los recursos al Tesoro Público, mientras que el futuro gobierno deberá definir cómo continuará o modificará la implementación de esta política pública.
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