Con 77 votos a favor, 25 en contra y 25 abstenciones, la instancia devolvió a la comisión de origen el texto.
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El Pleno de la Convención Constitucional rechazó la norma transitoria que establecía que los derechos de agua pasarán a ser "autorizaciones de uso" apenas comience a regir la nueva Constitución.
Con 77 votos a favor, 25 en contra y 25 abstenciones, la instancia devolvió a la comisión de origen el texto señalaba que "con la entrada en vigencia de la Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución".
Cabe señalar que la Asociación Nacional de Servicios Sanitarias (Andess) y Aguas Andinas habían presentado sus reparos al artículo.
Andess había advertido que ponía entredicho los actuales convenios con regantes y otros usuarios de la cuenca, "que permiten que hoy las sanitarias puedan complementar o suplir sus fuentes de agua para mantener la continuidad del suministro".
"La aprobación de la norma transitoria afectaría dichos acuerdos y los impediría a futuro, arriesgando la seguridad del suministro de agua potable para la población", consignó la asocación.
En tanto, Aguas Andinas había llamado a la gradualidad. "Urge buscar otras opciones de mecanismos o regímenes transitorios que permitan mayor gradualidad y también hacerse cargo de las fórmulas de intercambios de agua que impacten en la menor medida posible el suministro en la ciudad y sus habitantes", indicó la empresa en un comunicado.
Por otro lado, el Pleno también desestimó la indicación que establecía que "en un plazo de 6 meses, el Presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley para la instalación de la Agencia Nacional de Aguas y los consejos de cuenca".
Tampoco fue aprobado el inciso que agregaba que "la Dirección General de Aguas o la Agencia Nacional de Aguas, según corresponda, de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia, realizará el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas".
"Este proceso comprende la elaboración de informes de diagnóstico y evaluación a nivel regional, que se desarrollará por etapas y priorizando aquellas cuencas en crisis hídrica y con sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas. Dentro del plazo de 6 meses, iniciará el primer proceso regional", añadía el texto.
Una norma que sí fue aprobada establece que "mientras no se promulgue la ley que regula el procedimiento para las acciones de tutela de derechos, seguirán vigentes los autos acordados de la Corte Suprema sobre la tramitación y fallos de las acusaciones constitucionales pertinentes".
(Imagen: Agencia Uno)
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