También pretendía allanar el Congreso y el Ministerio de Defensa para incautar los celulares de Isabel Allende y Maya Fernández.
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Nuevas revelaciones están surgiendo tras conocerse que la PDI "pinchó" el celular del exjefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, y destapó el caso por la fallida compraventa de la casa de Allende en Providencia. Durante la mañana de este sábado se conoció que el fiscal Patricio Cooper intentó allanar la sede de Gobierno para incautarle el aparato.
Según informó Meganoticias, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el 27 de febrero pasado la solicitud de Cooper para incautar los teléfonos de Crispi y otros funcionarios de Gobierno involucrados en el caso. También pretendía allanar el Congreso y el Ministerio de Defensa para incautar los celulares de Isabel Allende y Maya Fernández.
El fiscal justificó la solicitud de la medida intrusiva, luego de conocer el contenido de una conversación telefónica que sostuvo Crispi con su madre, la socialista Claudia Serrano, el 7 de enero de este año. La Policía de Investigaciones tenía "pinchado" el teléfono del otrora hombre de confianza del Presidente, debido a las investigaciones que se realizaban en el marco del caso "ProCultura".
Además de los teléfonos de Crispi, Allende y Fernández, la Fiscalía buscaba tener acceso a los equipos del abogado representante de la familia Allende, Felipe Vio Lyon, del exjefe de seguimiento de la Secretaría General de la Presidencia, Leonardo Moreno y de la abogada del gabinete presidencial, Bernardita Nazar.
En caso de no encontrarse en poder de estas personas, el fiscal pidió autorización para entrada y registro sin previa notificación de los lugares donde residen o trabajan, como el Palacio de La Moneda, el Ministerio de Defensa y el Congreso Nacional.
De acuerdo a lo que se ha conocido en esta investigación, el abogado Felipe Vio habría emplazado a la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, para que se incrementara el valor de la tasación de la casa de Salvador Allende, llegando a las 24.291UF (más de 2 mil UF respecto a la oferta original).
Mientras que Felipe Moreno era el encargado de supervisar el proceso de compra de la casa del exmandatario socialista y advertir las posibles complicaciones legales. En su equipo también se encontraba Bernardita Nazar. Ambos funcionarios del equipo de seguimiento de compromisos presidenciales renunciaron a sus cargos luego de que estallara el escándalo.
Entre las razones que esgrimió el tribunal para rechazar la solicitud figuran las siguientes:
- Cabe hacer presente, que al contrario de lo sostenido por el ente persecutor, no resulta presumible su participación en estos hechos por la clara existencia de vínculos o afinidades políticas entre los funcionarios que participan del proceso" (...) ya que aquello constituye una clara representación del derecho penal de autor, repudiado por el derecho penal moderno y que, por lo demás, es un antecedente común dentro del trabajo legislativo y administrativo.
- Los antecedentes aportados no dan cuenta de eventuales presiones indebidas respecto del avalúo del inmueble, toda vez que el envío de un escrito a fin de oponer objeciones respecto del precio de tasación y avalúo de este no puede estimarse per se como tal, tratándose de una petición dentro de los márgenes permitidos al vendedor en todo proceso de compra, inclusive en la expropiación.
La respuesta del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago finalizó con un "no ha lugar a la solicitud del ente persecutor, por no encontrarse debidamente fundada en cuanto a la existencia del ilícito, sin perjuicio de lo que pueda disponerse en futuras solicitudes con mayores antecedentes".
PURANOTICIA
