Se trata de Nicolás Ortega y Sebastián Peredo, exdetectives que están en prisión preventiva y fueron desvinculados de la policía civil en marzo de 2024.
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La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte solicitó presidio perpetuo para dos exfuncionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) vinculados al Tren de Aragua, quienes integraban una red de explotación sexual que operaba en la Plaza de Armas de Santiago.
Se trata de Nicolás Ortega y Sebastián Peredo, exdetectives que están en prisión preventiva y fueron desvinculados de la policía civil en marzo de 2024.
La acusación fue presentada por el Ministerio Público y se espera la fecha para la preparación del juicio oral. Este duraría seis meses y la Fiscalía solicita presidio perpetuo simple para los exdetectives, además de otros miembros de la organización, solo por los delitos reiterados de trata de personas.
Podría sumarse otras penas requeridas por ilícitos adicionales, como el lavado de dinero en el caso de Ortega, a quien se le acusa de hacer “transferencias a otros integrantes de la organización” y “ejecutar conductas para ocultar y disimilar el origen ilícito” de esos fondos.
A Peredo también se le imputa promover y facilitar el ingreso a Chile de extranjeros con fines de lucro. En ese contexto, y en funciones como inspector del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, permitió el ingreso de dos ciudadanos colombianos por el paso fronterizo Chacalluta, en Arica.
“Nos entregaron información sobre funcionarios de la PDI involucrados, que eran ‘sapos’ y que sabían todo lo que pasaba”, explicó la fiscal Carolina Suazo, de Alta Complejidad de la zona metropolitana Centro Norte.
Según consigna El Mercurio, la red de explotación sexual sometía “al menos 100 víctimas de forma simultánea”.
Para dar con ellos, fue clave una llamada del 28 de noviembre de 2022. Ese día, una adolescente venezolana de 17 años se dirigía a un juzgado de familia de la capital tras ser rescatada por la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI.
La joven era explotada por el Tren de Aragua en un departamento del Portal Fernández Concha. La obligaban a pagar “multa”.
Camino al tribunal, recibió un llamado del imputado Ricardo Pinto, quien se hizo pasar por su padre. A raíz de eso, el exfuncionario se contactó con el cubano Yariel Ulloa. En ese diálogo, se consultó cómo actuar ante la “captura” de la adolescente.
“El ciudadano cubano dice: ‘Yo le voy a preguntar a Nico’. Pudiendo establecerse que ‘Nico’ (Ortega), efectivamente, era un funcionario de la Policía de Investigaciones”, precisó la fiscal Suazo.
En plena investigación del Tren de Aragua, se ubicó a la joven explotada. “Nos entregaron información acerca de que había funcionarios de la PDI involucrados. Que sabían dónde estaban ellas, que sabían lo que iba a pasar”, detalló la persecutora.
En cuanto a las acciones de los exfuncionarios, estos entregaban “permanentemente información de las bases de datos de la policía, en el sentido de consultar directamente a personas que son imputadas o personas vinculadas con ellos”.
Uno de los exdetectives tenía antecedentes por apremios ilegítimos y el otro fue sometido a sumarios.
Al menos 15 personas integraron la red de explotación sexual entre 2021 y 2024. Estas captaban mujeres de Chile y el extranjero, quienes estaban sujetas al pago de una deuda llamada “multa”.
Los cobros se realizaban de tres formas distintas. En primer lugar, estaba la “plaza”, desde $60 mil a $80 mil semanales para ejercer el comercio sexual.
Por otro lado, se consideraban unos $50 mil adicionales para entrar a una plaza y, finalmente, el pago de $3 a $5 millones, con la llamada “multa”.
“Considerando solo algunos meses, esas ganancias eran de más de $1.700 millones”, reveló la persecutora de la Fiscalía Centro Norte.
Las mujeres eran alojadas en departamentos de las calles Huérfanos y Lira. Estas tomaban contacto con los clientes en Plaza de Armas o avenida 10 de julio, para llevarlos a departamentos del Portal Fernández Concha y a un hostal en Argomedo.
PURANOTICIA
