La iniciativa busca agilizar el otorgamiento de los permisos sectoriales para proyectos de inversión, simplificando su tramitación acorde a sus riesgos asociados, junto con avanzar en mayor certeza jurídica y transparencia de los procedimientos.
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La Cámara de Diputados aprobó en su tercer y último trámite, el proyecto que agiliza los permisos sectoriales, despachando la iniciativa a ley de la República.
El texto, conocido como proyecto de «permisología», busca agilizar el otorgamiento de los permisos sectoriales para proyectos de inversión, simplificando su tramitación acorde a sus riesgos asociados, junto con avanzar en mayor certeza jurídica y transparencia de los procedimientos.
De esta forma, la iniciativa pretende lograr sus objetivos, sin reducir ni desregular los mecanismos de protección al medio ambiente y de las personas.
En concreto, el texto busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de 380 permisos sectoriales pertenecientes a 37 servicios y a 16 ministerios. La iniciativa apuesta por una simplificación y modernización de los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios vigentes.
Al momento de las votaciones, se respaldó la totalidad de los cambios hechos al texto en el Senado, incluyendo los tres aspectos más controversiales.
De tal forma, se respaldó el principio de proporcionalidad que establece que los órganos sectoriales velarán porque las limitaciones para la habilitación de proyectos se adecúen al objetivo y riesgo involucrado; evitando la imposición de exigencias y cargas innecesarias para el correcto resguardo de los respectivos objetos de protección.
Lo propio ocurrió con la habilitación de proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias, la que se realizará, por regla general, mediante técnicas habilitantes alternativas (avisos y declaraciones juradas), sin exigir la dictación de un acto administrativo.
Mismo caso para la aplicación del silencio administrativo positivo general. En este caso se determinó que, de no existir respuesta a una solicitud de parte de la autoridad dentro del plazo establecido, se considera que el permiso ha sido otorgado automáticamente.
Es decir, si la entidad o servicio no se pronuncia dentro del tiempo definido por la ley o el reglamento, la petición se entenderá aprobada, evitando así la paralización de proyectos por falta de respuesta administrativa.
Los diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini y Daniel Melo, acusaron al Gobierno de actuar con una “verdadera desorientación ideológica” tras la tramitación del proyecto.
“Lo que vimos en este proyecto es una verdadera desorientación ideológica del Gobierno. Nosotros creemos que lo que hizo el ministro (Nicolás) Grau fue una negociación en donde le entregó todo a la derecha. Este proyecto probablemente no lo hubiese soñado aprobar la derecha, ni siquiera en sus gobiernos; se entiende poco lo que está haciendo el gobierno y fundamentalmente el Ministerio de Economía”, manifestó Manouchehri.
El parlamentario señaló que “después de esta línea de aprobación de proyectos, espero que el Gobierno deje de asistir a todos los foros internacionales en donde va a hablar de las maravillas ecológicas que se han hecho en Chile, porque eso simplemente sería hablar mentiras”.
“Este proyecto nos hace pasar de lo que en algún minuto fue la promesa del gobierno más ecologista de la historia al gobierno en donde más se ha retrocedido en el cuidado del medioambiente (...) Creemos que esto ha significado un deterioro en una serie de materias y es lamentable que esto además haya sido construido fundamentalmente con un acuerdo con la derecha”, remarcó.
Por su parte, la diputada Cicardini señaló que “está claro el diagnóstico que efectivamente hay una excesiva burocracia en la tramitación de ciertos proyectos desde lo público, con una fragmentación en las autorizaciones en distintos sectores”.
“Cuando hablamos de avanzar en la agilidad de estos trámites, jamás dijimos que esto tenía a costa lo que hemos defendido desde el primer minuto, que es un desarrollo que no atropelle los derechos de la gente ni tampoco el medio ambiente”, añadió.
Respecto a la implementación de las declaraciones juradas y del denominado “silencio administrativo”, que establece plazos máximos para la resolución de solicitudes, tras lo cual si no hay pronunciamiento sobre una solicitud se entenderá por autorizada, Cicardini argumentó que “esto será un mero trámite sin ningún peso técnico ni administrativo. Creo que lo correcto no es que se desregule el Estado, sino fortalecerlo”.
“Lamentamos profundamente lo que ha sucedido y el tiempo nos dará la razón. Los proyectos futuros nos darán la razón sobre el llamado de atención que hicimos acá en el Congreso”, expresó.
En tanto, el diputado Melo hizo reserva de constitucionalidad de parte del articulado del proyecto para acudir al Tribunal Constitucional e impugnar las normas que consideran que amenazan al derecho a la salud y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
“Quiero lamentar la votación del día de hoy. El Gobierno nos tiene acostumbrado en proyectos complejos sacar adelante una agenda con la derecha y la extrema derecha”, indicó.
El legislador explicó que solicitaron reserva de constitucionalidad “en varios artículos porque creemos que afectan la salud, las personas y ponen en cuestión aquellos fundamentos que están en la Constitución. Creo que hoy día el gobierno ha avanzado en una lógica que implica vulnerar el principio de no regresión, por lo que esperamos que el TC analice esto y vamos a agotar las instancias para que este tipo de legislación no avance”.
PURANOTICIA
