Los diputados Labbé y Lilayu manifestaron que “creemos que los nuevos consejeros optaron por la tesis del revanchismo, que no se entiende, e imponiendo desde ya una ideología de extrema izquierda”.
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Los diputados Cristián Labbé y Daniel Lilayu, ambos de la UDI y miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, manifestaron que tras la renuncia adelantada de Sergio Micco como director del Instituto de Derechos Humanos (INDH) hubo una “burda operación política”.
A través de una carta enviada a la directora subrogante del INDH, Consuelo Contreras, los parlamentarios manifestaron que “creemos que los nuevos consejeros optaron por la tesis del revanchismo, que no se entiende, e imponiendo desde ya una ideología de extrema izquierda”.
“Como Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente queremos manifestar, respetuosamente, que lo anterior no es más que una burda operación política orquestada desde el propio Ejecutivo, con el ánimo de instalar a un consejero afín al programa de gobierno como director del organismo, desconociendo, por lo demás, el carácter de autónomo e independiente del que goza por ley”, señala el texto.
La carta sostiene que “no vamos a permitir que el poder Ejecutivo intervenga de manera tan abierta en una corporación autónoma como el INDH, secuestrándola durante los próximos cuatro años con la clara intención de convertirla en una entidad servicial a los intereses de las autoridades de gobierno, todo ello bajo la complacencia del actual mandatario”.
Agrega que “el Instituto Nacional de Derechos Humanos dejará de ser un interlocutor válido para nosotros como parlamentarios a contar del día de hoy”.
“Tampoco reconoceremos públicamente a su nuevo presidente/a para cualquier acción o iniciativa en la que se nos involucre. Asimismo, queremos informarle que, en la próxima discusión de la Ley de Presupuesto 2023, revisaremos en detalle el presupuesto que se le destina anualmente al organismo, sin descartar la posibilidad de disminuir significativamente los recursos públicos con los que cuentan, puesto que no estaremos disponibles para financiar una institución que, como ha quedado en evidencia, está pronto a convertirse en un brazo armado del gobierno en materia de políticas de derechos humanos”, añadió.
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