Las bancadas de RN y la UDI enviaron al Ministerio de Hacienda una minuta con ajustes que buscan frenar recortes en programas sociales y fortalecer la fiscalización pública.
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Desde la oposición enviaron al Ministerio de Hacienda una minuta con 11 cambios a la Ley de Presupuesto 2026. Este miércoles se cumple el plazo del Gobierno para que ingrese las primeras indicaciones.
Según consignó La Tercera, el documento firmada por las bancadas de diputados de RN y la UDI señala que “tiene por objeto formular una serie de solicitudes de incorporación en la Ley de Presupuestos, orientadas a resguardar políticas públicas sensibles cuya eliminación o reducción resulta ampliamente resistida, tanto por su impacto social como por su relevancia en el cumplimiento de funciones esenciales del Estado”.
Asimismo, plantean que una “nueva proyección de ingresos más conservadora y gastos no reconocidos, obligan al gobierno a realizar recortes del gasto para evitar un crecimiento irresponsable del gasto, cercano al 4%”.
Los parlamentarios argumentan que el Presupuesto estaría desfinanciado en torno a los US$1.500 millones, por lo que “el gobierno debiera proponer recortes en torno a esa cifra”.
La oposición asegura que “existe una brecha de 7 puntos porcentuales entre la solicitud (presupuestaria) de la Contraloría y la asignación final del Ejecutivo. La entidad solicitó un alza del 8,5 % para robustecer la fiscalización, pero el proyecto de ley propuso un reajuste neto del 1,5 %”.
“En el trabajo de las subcomisiones se advirtió que esta cifra dejó fuera dos ítems críticos: sistemas y licencias informáticas, necesarias para evitar un riesgo de colapso de sus plataformas, y la contratación de 10 funcionarios adicionales para acelerar procesos sumariales”, añaden.
Junto con ello, apuntan a reestructurar los subsidios de vivienda y proponen “la reversión de la reducción del 50% en los montos de subsidios y en las unidades presupuestadas del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), programa orientado al 40 % de los hogares más vulnerables del país, cuya disminución compromete seriamente la continuidad y alcance de la política habitacional futura”.
En cuanto al Más AMA, la oposición sostiene que “actualmente no cuenta con una asignación presupuestaria específica en la Ley de Presupuestos”.
También, mencionaron la reducción casi global de los subtítulos 22 en cada partida, exceptuando el Ministerio de Salud. Para la oposición, el aumento de US$690 millones en bienes y servicios de consumo, que se traduce en un alza de 10,8 % con respecto a 2025, “permite fundar la idea de que hay un espacio fiscal de ahorro en esta materia, y potencialmente importante para efectos de controlar el gasto fiscal. Si bien este ajuste debe ser quirúrgico para no afectar la provisión de servicios sociales importantes”.
Por otro lado, piden que se acelere el protocolo de acuerdo con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). “Resulta fundamental que dicho acuerdo se materialice con la debida antelación, a fin de transparentar oportunamente el costo fiscal asociado al reajuste y asegurar que su financiamiento quede explícitamente incorporado en la ley, evitando así incertidumbres posteriores respecto de su impacto presupuestario y de su cobertura en el marco fiscal vigente”, puntualizan.
Además, solicitan que el gobierno realice una reducción mayor en el gasto en capacitaciones generales que hace el Estado.
Y se propone la fusión de los ministerios de la Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno, “considerando la evidente superposición de funciones entre ambas carteras, particularmente en materias de coordinación política, comunicación y relación con el Congreso Nacional”.
Finalmente, la oposición busca que se dé discusión inmediata a los proyectos de licencias médicas, reducción de viáticos y de horas extras, y de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegida, entre otros.
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