El proceso involucra a 71 imputados, entre funcionarios de Gendarmería y civiles, acusados de integrar una red criminal al interior de recintos penales.
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Este domingo continuó la décima jornada de formalización del caso conocido como Operación Apocalipsis, investigación que involucra a 71 imputados, entre funcionarios de Gendarmería y civiles, acusados de integrar una presunta organización criminal dedicada al ingreso de encomiendas ilegales a los recintos penitenciarios de Santiago Uno y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.
Durante la audiencia, la Defensoría Penal Pública retomó sus alegatos centrados en el delito de lavado de activos, cuestionando la existencia de los delitos base —como cohecho y soborno— que sustentan dicha imputación. Desde la defensa se argumentó que las transferencias observadas no constituirían maniobras de ocultamiento, sino solo el aprovechamiento de dineros provenientes de un delito previo, lo que —a su juicio— no cumpliría con los requisitos legales del tipo penal.
Posteriormente, la abogada Alejandra Rubio solicitó al tribunal rechazar la prisión preventiva, proponiendo medidas cautelares alternativas como arresto domiciliario y arraigo nacional, señalando que no existiría peligro para la sociedad, que los imputados no cuentan con antecedentes penales y que los informes financieros no demostrarían capacidad económica para una eventual fuga.
La Fiscalía, encabezada por el fiscal Sergio Soto, respondió defendiendo la solidez de la investigación. El persecutor sostuvo que la ley no exige que los fondos sean necesariamente ilícitos, sino que carezcan de justificación, y aseguró que en los casos donde se levantó el secreto bancario se detectaron transferencias desde internos o visitas de internos. Además, ejemplificó el delito de cohecho con solicitudes de favores a cambio de beneficios y citó interceptaciones telefónicas que darían cuenta de una coordinación ilícita sostenida en el tiempo.
Finalmente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la parte querellante de Gendarmería de Chile respaldaron la postura del Ministerio Público, advirtiendo que la afectación a la probidad pública, la seguridad y la salud pública trasciende a los casos individuales. La audiencia continuará este lunes con los últimos alegatos de las defensas privadas, tras lo cual el tribunal quedará en condiciones de resolver las medidas cautelares que deberán cumplir los imputados.
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