La ex militante de Comunes realizó sus descargos ante el Tribunal Supremo de ese partido y apuntó a una "operación política" orquestada por Claudia Mix y Camila Rojas.
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Karina Oliva, excandidata a gobernadora por la región Metropolitana, realizó sus descargos al Tribunal Supremo del Partido Comunes a propósito de la polémica que surgió por los presuntos financiamientos irregulares a su campaña a senadora, que desembocaron en una investigación penal.
A través de un documento, al cual La Tercera tuvo acceso, la politóloga rememoró la ocasión en la que debió renunciar a la colectividad el 8 de febrero. Dice que el Tribunal Supremo le dio un plazo de solo cinco horas para observar el material probatorio y defenderse.
Según Oliva, existió "una condena anticipada de parte de este tribunal, que quitó mis derechos militantes, imputándome cargos que no ha podido demostrar su veracidad, ni tiene pruebas fehacientes e indubitativa de lo que han señalado", y que la sentencia es "a todas luces calumniosa e incongruente con el reporteo que motivó la denuncia inicial".
"Ha existido una deliberada acción por dañar la dirigencia política que hemos construido, hecho que no logro comprender, ni el móvil de dicha acción. Es profundamente lamentable que un partido actúe de manera arbitraria y dictatorial como lo ha hecho Comunes los últimos meses, porque evidencia el deterioro democrático que sufre el partido, (...) sólo han contribuido a desarraigar la construcción de carácter popular que ha identificado al partido desde su origen", expresó la otrora aspirante a la Cámara Alta.
Así, Oliva enfatizó en que "todos los hechos que se me imputan son falsos", y que todo se trata de "una ‘operación política’ liderada por las dos diputadas que ingresaron la denuncia ante este tribunal, la ex secretaria general de Comunes que es parte del sector político de la diputada Camila Rojas quienes a su vez pertenecen al grupo que en 2016 expulsó, a través de los medios de comunicación, al recién electo Presidente de la República; y que hoy operan de manera similar contra mi persona".
"Esta ‘operación política’ de las diputadas Mix y Rojas se confirma a la luz del desarrollo arbitrario y carente de garantías del procedimiento en mi contra que ha debido ser llevado a cabo por este Tribunal, el cual a pesar de tener en su composición a funcionarios o trabajadores en relación de subordinación y dependencia de ambas diputadas, no se han inhabilitado para juzgar una causa frente a la cual tienen interés directo o, al menos, una dependencia económica y contractual con sus promotoras", agrega.
Además, Oliva asegura que "quienes promueven esta denuncia en mi contra son quienes recibieron financiamiento irregular en sus campañas". En ese sentido, comenta que algunas situaciones de ese tipo fueron puestas en conocimiento al Tribunal Supremo, entidad que terminó por desestimarlas, pese a la gravedad de las acusaciones contra Rojas y Mix, dice La Tercera.
La política acusa que el actuar de la instancia es "arbitrario", ya que ante hechos parecidos actúa de igual manera. "Más aún cuando es de público conocimiento que una de las diputadas denunciantes, que tiene bajo subordinación y dependencia a una de las integrantes de este Tribunal, realiza pagos indebidos a un familiar directo bajo un contrato irregular, con el porcentaje de la dieta que dice donar según el compromiso que todos los parlamentarios del Frente Amplio han suscrito", expone.
"Todo lo anterior en abierta contravención y vulneración ética y que, no obstante, ha sido pasado por alto por este órgano que en teoría debiese ser imparcial, pero en la práctica ha actuado como herramienta política del sector ya mencionado", acusa.
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