Tras el rechazo a los acuerdos con privados en Quillagua y Ascotán, expertos advierten sobre los reparos legales que enfrenta el plan impulsado por la actual administración.
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El Ministerio de Minería reafirmó la necesidad de evaluar detalladamente los convenios, luego de que la Contraloría desestimara la entrega de dos contratos especiales de operación de litio (CEOL) a empresas privadas en la zona de Quillagua.
Ante las consultas, la Secretaría de Estado se remitió a una declaración previa donde enfatizó que "el rechazo por parte de la Contraloría General de la República de estos CEOL, ingresados por la administración anterior, justifica una revisión profunda y seria de todos los antecedentes asociados a estos decretos".
En la misma línea, desde la cartera complementaron su postura asegurando que "nuestro objetivo como Gobierno es que estos proyectos efectivamente se desarrollen, utilizando los instrumentos que establece el marco legal vigente y otorgando certeza a los inversionistas que han creído en nuestro país. Debemos aprovechar el siguiente ciclo del litio, porque el anterior no se aprovechó".
De acuerdo a El Mercurio, el organismo fiscalizador ha emitido múltiples reparos frente a los documentos tramitados durante el mandato previo para ceder operaciones a privados. Ya en enero del presente año, la institución liderada por Dorothy Pérez había levantado dudas sobre el mecanismo empleado por el Ministerio de Minería para visar los dos CEOL destinados al área de Quillagua.
La situación se agudizó durante este mes de abril. El ente contralor no se limitó a rechazar la toma de razón de uno de los pactos —argumentando falta de idoneidad de la compañía para extraer el mineral y criticando la modalidad de trato directo—, sino que además paralizó la tramitación de un CEOL correspondiente al joint venture pactado entre Quiborax y Codelco para el salar de Ascotán.
Frente a este escenario, diversos especialistas han puesto en duda la viabilidad de esta faceta dentro del plan impulsado por el mandato de Gabriel Boric. Eduardo Cordero, socio del estudio Guerrero Olivos, plantea que “En principio, se debe evaluar si el actual Gobierno va a mantener la Estrategia Nacional del Litio. Si así fuese, es posible continuar con su implementación, pero debe corregir la forma en que se está llevando a cabo por los temas que ha hecho presente la Contraloría General de República”.
El mismo abogado profundiza en el diagnóstico señalando que “La Estrategia Nacional del Litio ha presentado una serie de reparos legales en su implementación”. A su juicio, las observaciones del ente fiscalizador corresponden a factores que “debiesen haber sido estudiados y resueltos con anterioridad, pues no se trata de temas de fondo, sino de cuestiones formales que dicen relación con la manera en que se debe regular esta materia, la forma de llevar a cabo la adjudicación de los contratos y tener presente las normas de probidad administrativa que la propia Contraloría General de la República ha establecido respecto de los aportes que se pueden hacer a los gobiernos regionales y municipalidades”.
Por su parte, Cristián Quinzio, exintegrante de la Comisión Nacional del Litio conformada en 2014 y abogado especialista en el rubro minero, sostiene que “la Contraloría está cuestionando la forma en que desarrolló la estrategia del litio el gobierno anterior, porque estas respuestas o estas objeciones tienen que ver con la estructura que se le dio a la asignación de contratos a privados”.
Para enmendar estas falencias con celeridad, Quinzio estima que el Ejecutivo actual debe encontrar un mecanismo que valide estos mismos acuerdos ante el organismo revisor. Al analizar específicamente el caso del contrato en Quillagua Norte, el experto detalla que la entidad “cuestiona el que se haga por asignación directa, que no está bien fundamentado. Como no está bien fundamentado debería ser una licitación pública. Bueno, busquemos la fórmula que requiere la Contraloría para que pueda estar bien fundamentada una asignación directa y no tener que ir a licitaciones. Si hay que ir a licitaciones vamos a perder un año y medio más”.
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