Los focos apuntan a la región del Maule por los traspasos millonarios a la ONG llamada Urbanismo Social, en la que trabajó el actual seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, militante de Revolución Democrática.
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El ministro de Vivienda, Carlos Montes, respaldó al seremi de la cartera del Maule, Rodrigo Hernández, en medio de los cuestionamientos por las transferencias por 500 millones de pesos que recibió Urbanismo Social entre octubre y diciembre de 2022.
Las críticas nacieron debido a que Hernández fue director jurídico de esa ONG. A ello que es militante de Revolución Democrática (RD), partido envuelto en una polémica después de que se diesen a conocer los millonarios convenios de trato directo que recibió la Fundación Democracia Viva para trabajar con campamentos en Antofagasta.
Desde La Moneda, Montes indicó que Hernández "es una persona que ha sido bastante competente en su desempeño y vamos a ver de las cuestiones que están circulando qué tiene algún fundamento", resaltando que "se inhabilitó" para la firma de los contratos.
"Si nosotros viéramos que en los procesos de decisión se dieran antecedentes, sería distinto. Hasta el momento simplemente hay una vinculación entre una organización muy reconocida en todo el país como Urbanismo Social con un organismo público. Si aparecieran cuestiones inapropiadas, nosotros tendríamos otro criterio. Si aparece algún elemento que no corresponda, ahí nosotros vamos a reaccionar", consignó.
De esta manera, el ministro subrayó que al igual que en el caso de Democracia Viva, "un equipo del más alto nivel del Ministerio de Vivienda, a hacer una investigación preliminar, a reunir toda la información necesaria para ver si hay algo que tenga alguna implicancia".
Además, el titular del Minvu respondió al emplazamiento del senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista (PS), quien publicó una resolución donde se delega la facultad de celebrar convenios de trato directo del programa de asentamientos precarios a las distintas seremis de la cartera.
Vía Twitter, Espinoza escribió: "¿Qué nos traerá la caja de pandora? Ministro Montes por su soberbia y cero dialogo puede caer estrepitosamente. ¿Minvu, en que porcentaje subieron los tratos directos? no creen que con esta resolución le dieron manga ancha a seremis para hacer lo que quisieran?".
Al respecto, Montes respondió que “eso se viene firmando exactamente en los mismos términos desde el 2019 (...) Tiene que ver con que hay una serie de decisiones del nivel central que se entregan a los otros niveles para que tomen decisiones y se hagan responsables de ellas y cumplan las normas, no tiene otro fin".
"Pero bueno, él podrá tener sus objeciones, que las haga saber y para eso hay distintas instancias democráticas para discutirlo", sentenció.
REUNIÓN CON FUNDACIONES Y CASO DEMOCRACIA VIVA
Sobre su encuentro de este miércoles con fundaciones, el secretario de Estado explicó que "invitamos 23 y fueron 19. No invitamos Democracia Viva porque está en otra situación y la verdad es que cada una de las fundaciones habló y habló explicando lo que están viviendo, cómo se sentían y qué preocupaciones tenían".
"Algunas preocupaciones eran los convenios, si seguían llevándose adelante. Nosotros les dijimos que tenían que seguir porque eran contratos que teníamos y en la medida que aparecieran distintos temas que nos llevaran a cuestionar, las íbamos a cuestionar", agregó.
Adelantó que se volverán a reunir el próximo lunes. "Tenemos una propuesta de como replantear, como desarrollar la relación con instituciones como las fundaciones (...) tenemos que perfeccionar los procedimientos de las garantías que se tienen. Vamos a entregar un comunicado no muy lejanamente, probablemente la próxima semana, con una nueva idea", complementó.
Respecto a la rendición de gastos de Democracia Viva, Montes señaló que "yo tengo una información no actualizada. Esa información está en manos del fiscal hoy día, el fiscal que está a cargo del caso".
"Lo que nosotros si sabemos es que se aprobó ya rendiciones de ellos por el 3% del total. Sabemos que ellos entregaron más rendiciones y una parte de ella fue aprobada a nivel físico (...) y otra parte está con observaciones a nivel financiero propias de estas rendiciones, que se les pidió precisar y profundizar", sentenció.
Recordemos que el caso estalló luego de que Diario de Antofagasta revelase tres convenios de casi $426 millones que fueron adjudicados a la fundación Democracia Viva para trabajar con campamentos en la región.
Los contratos fueron suscritos por el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Conteras, y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade. El primero fue asesor de la diputada Catalina Pérez y el segundo fue pareja de la legisladora de RD, cuya militancia fue congelada.
El pasado viernes, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI allanó en Ñuñoa un departamento sindicado como sede de Democracia Viva. Sin embargo, no habían elementos tecnológicos, archivos ni personal.
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