El ministro Iván Poduje anunció que la cartera enfrenta deudas de arrastre que comprometen el 97% de los fondos, obligando a descartar obras consideradas excesivas.
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Una compleja realidad financiera atraviesa la cartera de Vivienda y Urbanismo. Su titular, Iván Poduje, reveló que el presupuesto institucional para el año 2026 se encuentra comprometido en un 97% debido a deudas de arrastre. Esta situación ha forzado a la actual administración a suspender diversas iniciativas emblemáticas que fueron impulsadas por el gobierno anterior, entre las que destacan la expropiación de Colonia Dignidad, la intervención en el Club Hípico de Punta Arenas y la fase final de la ciclovía en el Eje Alameda-Providencia.
En una conversación con La Tercera, el secretario de Estado describió el panorama de caja como “mucho peor, y además con un presupuesto comprometido en su 97% por deudas de arrastre. Esto nunca se nos dijo, nunca se anticipó. Fue un tremendo golpe cuando nos dimos cuenta”. Según explicó, la contabilidad del ministerio es difícil de manejar dado que se vienen arrastrando obligaciones financieras de periodos previos.
A este déficit se añade un ajuste del 3% solicitado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lo que ha forzado una reorganización de las urgencias. Poduje aclaró que, si bien los planes de reconstrucción y habitacionales están resguardados, se eliminarán proyectos que calificó como “faraónicos”. Al respecto, el ministro fue enfático: “No puedo comprometer los programas de vivienda que tenemos. Por esa vía vamos a reducir”.
La decisión más controvertida recae sobre Colonia Dignidad, predio que la administración pasada pretendía expropiar para transformarlo en un sitio de memoria. Poduje confirmó que este proceso se detendrá: “Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan”. El ministro argumentó que solo el sector urbano del terreno cuesta $47 mil millones, recursos que podrían destinarse a reparar 1.500 casas o rehabilitar decenas de recintos deportivos. “Gobernar es priorizar”, sentenció, descartando sesgos políticos en la medida: “Cero ideologías. Es puro criterio de prioridad social”.
Pese a que la medida ha provocado roces con agrupaciones de derechos humanos, el ministro defendió que el rol del Minvu es construir hogares y mejorar barrios. “Los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los de los niños que viven hacinados”, sostuvo frente a las críticas. En paralelo, la autoridad puso la mira sobre la Megatoma de San Antonio, donde se pagaron $11 mil millones por una expropiación que considera desproporcionada. El objetivo ahora es que el Consejo de Defensa del Estado logre rebajar dicho monto a $4 mil millones.
Sobre este último caso, Poduje anunció una investigación para identificar a los responsables de organizar la toma, asegurando que hubo logística profesional involucrada. “Esta toma fue diseñada, acá hay profesionales que trabajaron, hubo camiones, logística. Todo eso tenemos que investigarlo”, señaló, cuestionando además que se pagara un precio elevado por un terreno sin urbanización ni factibilidad sanitaria. “Se pagó carísimo”, afirmó, adelantando que se aplicará un plan que respete el orden de las familias en listas de espera para evitar beneficios injustos a quienes ocuparon el suelo.
Finalmente, el ministro abordó el carácter de su gestión y la baja en la aprobación del Ejecutivo. “Nos eligieron para eso, ¿no? A nosotros no nos eligieron por lindos, al menos en mi caso. A mí el presidente me nominó por mis capacidades, porque tengo un cierto carácter para empujar las cosas que no son fáciles”, declaró. Aunque reconoció el impacto en las encuestas, vaticinó una recuperación gracias a futuras intervenciones en sectores controlados por el narcotráfico y la agilización en la entrega de soluciones habitacionales.
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